El presidente del apartamento disuelto de Túnez y jefe del Movimiento Ennahda, Rached Ghannouchi, negó ayer cualquier vínculo con Instalingo, una empresa de producción de contenidos digitales que está siendo investigada desde el año pasado por supuesta "conspiración contra la seguridad del Estado" e "incitación a la violencia".
En declaraciones a la prensa antes de una vista judicial en la ciudad de Susa, Ghannouchi dijo que el caso era "un expediente falso como los casos que le precedieron", que pretendía desviar la atención del pueblo tunecino de los verdaderos problemas que afronta.
"He venido aquí por respeto al poder judicial,.... Mi presencia aquí no bajará los precios, ni proporcionará seguridad, ni resolverá el problema de las elecciones amañadas", añadió.
Tras las 14 horas de audiencia de ayer, el juez de instrucción dejó en libertad a Ghannouchi sin fijar una fecha para el próximo juicio, dijo su abogado Sami Triki.
Actualmente hay 32 acusados en el caso Instalingo y varios empleados de la empresa han sido detenidos y acusados de "cometer un acto peligroso contra el jefe del Estado", "conspiración contra la seguridad interna del Estado" y espionaje.
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Las investigaciones incluyeron a varios periodistas, blogueros, autónomos y políticos, como Ghannouchi, su hija y su yerno Rafik Abdessalem, y el antiguo portavoz oficial del Ministerio del Interior, Mohamed Ali Aroui.
El jefe del partido islamista Ennahda, de 81 años, que fue presidente del disuelto parlamento tunecino, ha negado repetidamente todos los cargos que se le imputan y ha dicho que tienen "motivaciones políticas".
El equipo de defensa de Instalingo ha dicho que considera "el caso presentado contra él como político, con el objetivo de liquidar a figuras políticas".