En el invierno de 2017, Mahmoud Al-Amir, licenciado en Derecho, tomó un tren desde la gobernación de Asyut hasta El Cairo para solicitar el puesto de fiscal adjunto. Fue uno de los más de diez mil jóvenes aspirantes que se reunieron ante el edificio del Tribunal Supremo de Egipto para recoger sus formularios de solicitud de empleo.
Un año antes, Mahmoud se graduó con honores en la Facultad de Derecho de la Universidad de Asyut, situándose entre los diez primeros de su promoción, y declaró: "Trabajé muy duro durante cuatro años para graduarme como el mejor de mi clase con la esperanza de conseguir un trabajo en la Fiscalía".
Mahmoud superó todas las pruebas requeridas, pagó las 200 libras egipcias de la tasa de solicitud, se presentó a una entrevista y, finalmente, superó todos los controles de seguridad de antecedentes habituales para los solicitantes de empleo en este sector. Más tarde, se sorprendió al enterarse de que su nombre no figuraba entre los fiscales adjuntos recién nombrados que figuran en el Decreto Presidencial núm. 166 de 2017.
Mi familia y yo estábamos más que sorprendidos
Mahmoud es uno de los miles de egipcios excluidos de ser nombrados en la Fiscalía por razones desconocidas. Esto viola la Constitución egipcia de 2014, en cuyo artículo 9 se estipula: "El Estado garantiza la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos sin discriminación". El artículo 14 especifica además: "Los puestos públicos son un derecho de los ciudadanos basado en el mérito, sin favoritismos ni interferencias".
Muchos egipcios perdieron su oportunidad de ser nombrados ya que el sistema favorece a los hijos e hijas de los jueces. Esta investigación descubrió que entre 2012 y 2021, el 27% de los nombramientos fueron ganados por los hijos y familiares de jueces en activo o retirados. Al revisar los nombres de los nombrados a lo largo de este periodo, y excluyendo un margen de error, se descubrió que de los 3.833 fiscales adjuntos recién nombrados, 1.035 puestos fueron para los hijos o familiares de los jueces.
Licenciados en Derecho y Sharia (ley islámica)
Licenciados en Derecho y Sharia (Derecho Islámico)
Fuente: Agencia Central de Movilización Pública y Datos Estadísticos 2012-2020, excluyendo las universidades privadas y abiertas de derecho. Se fusionaron los años 2012 y 2013.
La entrevista de inspección
Mahmoud cuenta que, tras presentar su solicitud, asistió a una entrevista de "inspección" por parte de un juez supervisor cuyo trabajo es asegurarse de que su expediente incluye todos los documentos y títulos necesarios.
Documentos necesarios:
- Diploma de graduación temporal y GPA
- Certificado de notas de los últimos cuatro años
- Un certificado de nacimiento
- Un certificado de antecedentes penales limpio
- Un certificado de antecedentes penales claro para el padre del solicitante. Si es un expatriado, un registro de su salida de la Autoridad de Pasaportes y un compromiso firmado de presentar sus antecedentes penales claros a su regreso
- Un certificado de defunción si el padre del solicitante ha fallecido<
- Un certificado de servicio militar o una exención
- Fotocopia del DNI del solicitante
- Una copia de la escritura de propiedad de un inmueble o de un terreno agrícola
- 4 fotografías personales recientes en traje formal con fondo blanco y el nombre del solicitante escrito en el reverso de cada foto
- Un certificado de empleo del padre del solicitante con su cargo, salario mensual y credenciales académicas
- Registro familiar del padre, del abuelo paterno y del abuelo materno del solicitante (4 copias de cada registro)
- Un expediente de solicitud, que debe solicitarse antes de la fecha de la solicitud tras el pago de 500 libras egipcias a la tesorería de la Oficina de Nombramientos.
El trabajo del juez inspector también incluye la determinación de la situación social y financiera del solicitante mediante el examen de la educación del padre, las credenciales académicas, las fuentes de ingresos y los títulos de propiedad. El juez también comprueba las ocupaciones y las credenciales académicas de los hermanos del solicitante. También examina a los tíos y tías, tras lo cual el juez presenta un informe a un comité de supervisión que aprueba o deniega el nombramiento del solicitante.
Condiciones de solicitud para el puesto de fiscal adjunto- Ser ciudadano de la República Árabe de Egipto
- No ser menor de 19 años
- Debe poseer un buen carácter y reputación
- Estar en posesión de un título de abogado de una facultad de derecho de Egipto o de un título extranjero equivalente, en cuyo caso el solicitante deberá superar una prueba de equivalencia de acuerdo con las normas y reglamentos establecidos
- El solicitante no debe haber recibido una condena por conducta deshonrosa de ningún consejo disciplinario o tribunal judicial, aunque haya sido absuelto posteriormente
Fuente: Artículos 38 y 116 de la Ley 42 del Poder Judicial de 1972 y sus modificaciones.
Entrevista personal
Mahmoud afirma haber superado todas las pruebas preliminares y se le dio una fecha para realizar una "entrevista personal" ante un comité judicial llamado "Comité de los Siete".
El abogado Hazem Sabri, especializado en casos de exclusión de nombramientos en entidades judiciales, explica: "El Comité de los Siete está formado por el fiscal, el jefe del Tribunal Judicial Supremo y del Tribunal de Casación, los jefes de los Tribunales de Apelación de Alejandría y Tanta y los tres consejeros más antiguos del Tribunal de Casación".
El día de la entrevista, Mahmoud se puso su traje negro y su corbata, que había comprado especialmente para la ocasión, y se sentó a esperar junto a otros 15 aspirantes hasta que fueron llamados a una sala poco iluminada.
Los aspirantes se sentaron en una sola fila de sillas ante una mesa con los siete jueces, que formularon la misma pregunta jurídica, que los aspirantes respondieron por turnos. Todo el proceso no superó los dos o tres minutos, y cada candidato sólo tuvo unos segundos para hablar.
Sabri critica la ausencia de "criterios claros" en los que se basan estas entrevistas, y añade que algunos aspirantes muy cualificados fueron excluidos, mientras que otros con promedios de notas más bajos fueron elegidos para las entrevistas.
El abogado Ghallab Hattab, especializado en tribunales constitucionales y de casación y en casos de exclusión de nombramientos, reprueba el sistema sobre el que se realizan estas entrevistas y su calendario "ridículamente irracional". Afirma: "Hay que tener en cuenta el carácter repentino de estas preguntas. No se puede evaluar adecuadamente a varios candidatos con diferentes niveles de capacidad y potencial en unos pocos segundos".
Hattab cree que el actual comité de entrevistas no está suficientemente cualificado para evaluar a estos candidatos, ya que no son ni profesores universitarios ni psicólogos formados. Añade que estos candidatos ya habían superado al menos 20 exámenes escritos y orales mientras estaban en la universidad, lo que es un buen indicador de sus altas capacidades académicas.
Pruebas psicológicas
Mahmoud explica que, sobre la base de la entrevista personal y el informe del comité, los candidatos son preseleccionados y comienzan la tercera fase del proceso de solicitud: la "prueba psicológica". Esta prueba la realizan dos neurólogos que preguntan a los aspirantes por qué han decidido estudiar Derecho o quieren ser jueces.
Mahmoud añade que sólo un pequeño número de solicitantes llega a esta fase, ya que las pruebas son más selectivas y el "favoritismo" o la interferencia a favor de un candidato, conocido localmente como "wasta" o "conexiones especiales", pesa en la exclusión de muchos solicitantes debido a que se favorece a los candidatos relacionados con los jueces y consejeros. Al examinar 3.833 nombres que figuran en los decretos presidenciales como nuevos designados para servir en el Ministerio Público entre 2012 y 2021, encontramos que 1.035, o el 27%, eran familiares de jueces y consejeros.
También cabe mencionar que el reportero de esta investigación pasó meses examinando sólo a los familiares de primer grado de los solicitantes, como padres, madres, hermanos y tíos, con el fin de verificar sus relaciones con los jueces y consejeros.
La investigación también descubrió que en 2021 se produjo un pico en el porcentaje de nombramientos de familiares de jueces, alcanzando el 34,1%, mientras que en 2015 se produjo el mayor número de nombramientos, con 182 fiscales adjuntos recién nombrados.
Graduados de las facultades de Derecho y de la Sharia
Graduados de las facultades de Derecho y de la Sharia
Gris: Número total de nombramientos de familiares de jueces
Rojo: Número total de nombramientos
Ragab Ezzedine, investigador del Instituto Egipcio de Estudios, cree que el aspecto de la "sucesión" en los nombramientos judiciales prevalece y está profundamente arraigado en la mente de una gran mayoría de jueces, hasta el punto de que se discute abierta y directamente.
Ezzedine cita un estudio de 2018 que incluye una declaración del ex ministro de Justicia Ahmad Al-Zand, afirmando: "El nombramiento de los hijos de los jueces seguirá en vigor, y ninguna fuerza en Egipto se interpondrá en el camino de este santo control del sistema judicial".
Imagen del ex ministro
La investigadora jurídica Menna Omar sugiere que la herencia de los cargos oficiales o la sucesión en el proceso de nombramiento no se debe únicamente al deseo de los jueces de asegurar los puestos de trabajo para sus hijos y familiares. También expresa un sentimiento de superioridad y elitismo que alimenta la tendencia a mantener la profesión lo más selectiva posible.
En su informe, publicado en el sitio web de Legal Agenda en 2014, Omar afirma que la sucesión en el sistema judicial comenzó a mediados de la década de 2000, cuando el ex presidente egipcio Hosni Mubarak decidió utilizar el deseo de los jueces de nombrar a sus familiares como medio para reprimir el "Movimiento por la Independencia". Este movimiento, considerado no conforme con los deseos del Estado, asumió la dirección del Club de Jueces Egipcios entre 2001 y 2009.
Según Omar, en respuesta a las objeciones del club a las enmiendas de 2006 a la Ley del Poder Judicial y al amaño de las elecciones parlamentarias de 2005, el régimen de Mubarak decidió añadir una calificación mínima de "bueno" en lugar de "satisfactorio" como condición para cualquier nombramiento en la Fiscalía.
Omar añade que la estrategia de Mubarak dio sus frutos, enfadando a los jueces, que culparon al Movimiento por la Independencia de este cambio que perjudicaba sus intereses. Esto allanó el camino durante las elecciones de 2009 para la victoria del consejero de tendencia conservadora Al-Zand, conocido por su abierto apoyo al acceso hereditario a la abogacía durante su primer mandato.
Controles de seguridad
Según Mahmoud, el expediente de un candidato se envía a las respectivas direcciones de seguridad tras pasar el test psicológico. Allí se comprueban los antecedentes penales, no sólo de los propios candidatos, sino también de sus familiares de primer, segundo y tercer grado. Después, la Agencia de Seguridad Nacional de Egipto investiga las afiliaciones y tendencias políticas de los familiares del candidato.
El abogado Hattab afirma que ampliar la comprobación de los antecedentes penales más allá de los familiares directos, como padres y hermanos, puede ser perjudicial para muchos candidatos. Añade que el Consejo de Estado egipcio ya ha emitido varias decisiones que exigen que las comprobaciones de seguridad se mantengan en el ámbito de los miembros de la familia inmediata y no de la extensa, como tíos, tías y primos.
Finalmente, un rechazoDespués de superar todas las fases del proceso de selección mencionadas, Mahmoud se sorprendió al saber que no había sido elegido para trabajar en la Fiscalía y que los nombres de otros "aspirantes menos cualificados", según Mahmoud, figuraban en la lista de nuevos nombramientos.
Mahmoud recuerda que, cuando se anunciaron los resultados del proceso de selección durante el mes sagrado del Ramadán, no pudo seguir ayunando ese día debido a la conmoción que sufrió al ser rechazado. Cuando presentó un caso de reclamación, preguntando por el motivo de la decisión de rechazar su solicitud, el comité supervisor le respondió que: "No había superado la entrevista personal".
Esta investigación dio con otros siete casos similares al de Mahmoud, todos los cuales fueron excluidos de los nombramientos en cualquier entidad judicial, como la Fiscalía, el Consejo de Estado y la Autoridad de Demandas del Estado, por no haber superado la entrevista personal, a pesar de que esos candidatos tenían calificaciones académicas "buenas" y "muy buenas".
Hattab también comparte que el comité supervisor siempre se niega a proporcionar a los candidatos rechazados o a sus abogados las actas de la entrevista. El comité afirma que todas las actas han sido destruidas y desechadas, a pesar de que los abogados pueden presentar sus quejas en un plazo de 60 días tras el anuncio de los nuevos nombramientos.
Hattab añade que el comité también puede alegar que más de un solicitante está impugnando y solicitando el acta de la misma entrevista, en cuyo caso el acta no puede entregarse al abogado de un solicitante y no al del otro. Hattab sugiere que lo hagan: "Basta con hacer cinco o seis copias del acta de la entrevista, hacerlas certificar y luego dar una copia a cada uno de los solicitantes que recurren". Los comités siguen negándose a cooperar, pero debido a cierta presión y perseverancia, pueden proporcionar a un solicitante fallido sólo un acta".
Hattab explica que, en los últimos cuatro años, el Consejo de Estado egipcio ha añadido otro criterio que favorece a los solicitantes suspendidos si son uno de los diez mejores graduados de su clase, tanto si han estudiado Derecho y Sharia como si sólo han estudiado Derecho. Todos los demás agravios se pasan por alto, incluso si el solicitante recurrente se graduó con honores y una calificación académica de "excelente".
Mahmoud Al-Amir:
"No voy a presentar una demanda, ya que nadie las ha ganado nunca. En cuanto a su respuesta a las quejas que presentamos, bueno, nombraron a diez de la Universidad de Asyut, cuatro de los cuales eran hijos de jueces y seis eran policías especializados."
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