Las restricciones impuestas por las autoridades de ocupación israelíes al desarrollo palestino en la zona C de Cisjordania ocupada costaron a la economía palestina unos 50.000 millones de dólares entre 2000 y 2020, según afirmó ayer la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un informe.
La ONU determinó que las restricciones adicionales en la zona C, que representa alrededor del 61% de la Cisjordania ocupada, han costado 2.500 millones de dólares al año.
"A pesar de varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Asamblea General que subrayan la ilegalidad, según el derecho internacional, de los asentamientos y la adquisición de territorio por la fuerza, éstos siguen creciendo y expandiéndose", dijo la agencia de desarrollo de la ONU, UNCTAD.
Al mismo tiempo, el acceso de los palestinos al 30% restante de la zona C sigue estando "muy restringido", añade el informe.
En virtud de los Acuerdos de Oslo de 1995 entre Israel y la Autoridad Palestina (AP), Cisjordania, incluido Jerusalén Este, se dividió en tres partes: las zonas A, B y C.
Alrededor de 400.000 palestinos viven en la zona C y están sometidos al control administrativo y de seguridad israelí, como estipulan los Acuerdos de Oslo.
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El informe también destaca cómo Israel impide a los palestinos llevar a cabo proyectos de construcción en partes de Cisjordania designadas como Área C según el acuerdo, para facilitar la expansión de los asentamientos.
Además, los permisos de construcción se cobran a precios exorbitantes y son inasequibles para la mayoría de los palestinos, lo que crea un vacío legal para que Israel se anexione más tierras y deje a los palestinos en el limbo al impedirles desarrollar infraestructuras.
El Estado sionista, por su parte, aprueba la construcción de miles de unidades residenciales dentro de asentamientos ilegales construidos en tierras palestinas ocupadas en la zona.
"Poner fin a estas restricciones proporcionaría a la economía palestina una base económica y de recursos naturales muy necesaria para desarrollar su economía e invertir la tendencia actual de profundización de la crisis fiscal y aumento de las privaciones socioeconómicas", concluye el informe.
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