Durante meses, el taxista Youssef Daher ha permanecido en prisión sin cargos, después de que los jueces libaneses iniciaran en agosto una huelga indefinida para exigir mejores salarios en una economía colapsada.
La huelga de jueces, que dejó en suspenso el destino de decenas de detenidos, es una prueba más del completo colapso de las instituciones públicas en Líbano, donde obtener un pasaporte o completar una transacción inmobiliaria requiere un milagro.
A diario, Daher envía mensajes desde el interior de su celda en la prisión de la ciudad de Trípoli a través del servicio WhatsApp a su abogado preguntándole si los jueces han puesto fin a su huelga.
"Mi familia ha perdido al único sostén de la familia y ahora debe recurrir a la ayuda para sobrevivir", declaró a la AFP.
Hace ocho meses, las fuerzas de seguridad detuvieron a Daher después de que condujera, sin que él lo supiera, a un pasajero acusado de secuestro.
Tras completar las investigaciones con él, las autoridades no presentaron cargos contra él, por lo que su abogado solicitó su puesta en libertad, justo antes de que los jueces iniciaran su huelga, y su petición está pendiente desde entonces.
Desde que la economía libanesa entró en caída libre en 2019, la moneda del país ha perdido el 95% de su valor frente al dólar estadounidense, lo que ha obligado a los empleados del sector público a realizar repetidas huelgas.
Los jueces anunciaron una huelga indefinida a mediados de agosto, que continuó, a pesar de recibir un aumento en salarios y beneficios.
En septiembre, el Parlamento aprobó la duplicación de los salarios de los empleados del sector público, incluidos los jueces, así como la mejora de las ayudas hospitalarias y educativas. Sin embargo, la decisión aún no se ha aplicado.
En la actualidad, el salario de los jueces sólo asciende a unos 160 dólares de media, debido a la galopante inflación.
Un juez que pidió no ser nombrado dijo que no puede vivir con ese salario ni con su familia, y subrayó que los jueces se vieron obligados a declararse en huelga porque sus condiciones económicas y sociales se han vuelto difíciles.
Señaló que algunos jueces que padecen enfermedades crónicas "han tenido que dejar de hacerse los exámenes periódicos necesarios y comprar sus medicinas".
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