Un informe de Amnistía Internacional sobre la muerte de al menos 37 personas en la valla fronteriza entre Marruecos y el enclave español de Melilla en junio ha concluido que las autoridades marroquíes y españolas hicieron un uso "generalizado de la fuerza" que contribuyó a su muerte.
El "fracaso" de los dos países a la hora de establecer la verdad y aplicar la justicia "huele a encubrimiento", afirma la organización de defensa de los derechos humanos en el informe publicado hoy.
La tragedia ocurrió el 24 de junio, cuando hasta 2.000 refugiados, en su mayoría procedentes de Sudán, intentaron escalar las altas vallas de alambre que forman la frontera.
En ese momento, varios grupos de derechos humanos y la Unión Africana pidieron que se investigara el uso excesivo de la fuerza, ya que circularon por Twitter imágenes que mostraban a las fuerzas de seguridad marroquíes golpeando a hombres con palos mientras yacían en el suelo.
La Asociación Marroquí de Derechos Humanos afirmó que algunos de los refugiados heridos llevaban horas tendidos en el suelo sin ser atendidos y que el nivel de violencia empleado por las autoridades no tenía precedentes.
En lugar de investigar, las autoridades marroquíes procesaron a 65 migrantes que, según dijeron, ayudaron a facilitar los cruces y los acusaron de provocar incendios y atacar a las fuerzas de seguridad.
La Unión Africana y la ONU se unieron a estos grupos de derechos humanos para expresar su conmoción y pedir una investigación sobre las muertes.
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Seis meses después de la tragedia, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, afirma que las autoridades siguen negando su responsabilidad en la matanza.
"Hay una creciente montaña de pruebas de graves y múltiples violaciones de derechos humanos, entre ellas la muerte ilegal y los malos tratos a refugiados y migrantes, y hasta el día de hoy la falta de información sobre la identidad de los fallecidos y la suerte de los desaparecidos", añadió Callamard.
"Esto huele a encubrimiento y racismo, y echa sal en heridas ya dolorosas. Es esencial que ambos gobiernos garanticen la verdad y la justicia sobre lo que ocurrió aquel día para evitar que vuelva a suceder."
Mediante el análisis de testimonios de testigos presenciales, imágenes de vídeo e imágenes por satélite, Amnistía ha descubierto que la pérdida de vidas el 24 de junio era evitable y que las fuerzas de seguridad marroquíes atacaban cada vez más a los migrantes en Melilla en los meses previos a la travesía mortal.
Muchos de los refugiados que cruzaron ese día se vieron impulsados a caminar hacia la frontera después de que las fuerzas de seguridad quemaran sus pertenencias, pero cuando se acercaban, la policía les arrojó piedras y gases lacrimógenos. Mientras yacían en el suelo les golpeaban, incluso cuando algunos de ellos no reaccionaban.
Alrededor de 400 de ellos fueron introducidos en una pequeña zona amurallada, donde la policía marroquí les disparó gases lacrimógenos. "La policía española nos roció en los ojos", dijo a Amnistía Salih, sudanés de 27 años. "Mientras, la policía marroquí nos tiraba piedras a la cabeza".
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Las autoridades impidieron entonces que un equipo de ambulancias de la Cruz Roja accediera a la zona, decenas de personas quedaron bajo el sol durante al menos ocho horas, mientras que otras personas heridas fueron obligadas a regresar al otro lado de la frontera.
Una vez en las cárceles marroquíes, muchos fueron golpeados, incluso con martillos, algunos de ellos hasta que fallecieron. Unas 500 personas fueron llevadas a zonas remotas del país y arrojadas allí, detalla el informe.
Las policías marroquí y española no han hecho públicas las imágenes de las cámaras de seguridad del incidente ni el número de personas fallecidas, ni las causas de su muerte.
"La fuerza ilegítima empleada en Melilla ha dejado una mancha indeleble no sólo en las manos de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas, sino también en las de todos aquellos que impulsan políticas migratorias racistas, basadas en la probabilidad de causar daño y violencia a quienes intentan cruzar las fronteras. En lugar de fortificar las fronteras, las autoridades deben abrir rutas seguras y legales para las personas que buscan seguridad en Europa", afirmó Callamard.
"Las autoridades marroquíes y españolas deben ser transparentes sobre el mandato y el alcance de las investigaciones existentes y no sólo garantizar que se llevan a cabo de forma efectiva cooperando plenamente con ellas, sino también asegurarse de que su mandato se amplía para incluir las preocupaciones sobre el racismo."
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