El plan británico de deportar inmigrantes a Ruanda es legal, según dictaminó el lunes el Tribunal Superior.
La política, que implica el envío forzoso de decenas de miles de migrantes a Ruanda en un supuesto esfuerzo por hacer frente al número récord de refugiados y solicitantes de asilo que llegan al Reino Unido en pateras, ha estado envuelta en la polémica.
"Las personas que han sufrido los horrores de la guerra, la tortura y los abusos contra los derechos humanos no deben enfrentarse al inmenso trauma de la deportación a un futuro en el que no podemos garantizar su seguridad. Creemos que enviar refugiados a Ruanda incumplirá las obligaciones de nuestro país en virtud de los Tratados Internacionales y seguimos pensando que esta política es ilegal", declaró Care4Calais tras la sentencia judicial.
La sentencia supuso un alivio para el recién nombrado Primer Ministro, Rishi Sunak, que ha hecho una promesa política de alto nivel para abordar el "problema de la migración" en Gran Bretaña.
Sin embargo, el plan ha suscitado las críticas de partidos de la oposición y organizaciones de derechos humanos en el Reino Unido, así como de toda la comunidad internacional, incluida la ONU. "El ACNUR sigue oponiéndose firmemente a los acuerdos que pretenden transferir refugiados y solicitantes de asilo a terceros países en ausencia de garantías y normas suficientes. Tales acuerdos no hacen sino trasladar las responsabilidades en materia de asilo, eludir las obligaciones internacionales y son contrarios a la letra y el espíritu de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados", anunció en abril la Alta Comisionada Adjunta del ACNUR para la Protección, Gillian Triggs.
Un informe publicado por Medical Justice condena el plan de deportación del gobierno británico, alegando que entre los deportados a Ruanda hay víctimas de tortura y trata de seres humanos. Añade que muchos solicitantes de asilo no han tenido acceso a representación y asesoramiento jurídicos ni a documentos traducidos del Ministerio del Interior relativos a su inminente expulsión y deportación a Ruanda.
Para muchos, el acuerdo representa una crisis de responsabilidad, más que una "crisis migratoria". Hace caso omiso de los compromisos internacionales del Reino Unido y sienta un peligroso precedente para otros países que pretendan aprovechar la inmigración con fines políticos. Dinamarca es uno de los países que está estudiando un acuerdo similar con Ruanda.
Sin embargo, para el Partido Verde Democrático de Ruanda, el acuerdo añade una presión innecesaria sobre el pequeño Estado africano. "Ruanda es un país pequeño. Tampoco somos un país económicamente rico, como el Reino Unido. Así que todavía tenemos muchos retos económicos, problemas de agua, distribución, escasez, problemas con la electricidad y problemas con el gas. Así que no estamos ni mucho menos preparados para recibir a personas procedentes del Reino Unido", declaró a MEMO Frank Habineza, político del Partido Verde Democrático de Ruanda.
A pesar de que el tribunal ha dado luz verde al plan, en la actualidad no hay ninguna aerolínea dispuesta a transportar solicitantes de asilo a Ruanda, ya que la última compañía se retiró tras la presión de los activistas. Tras haber gastado ya 120 millones de libras esterlinas en el plan de deportación, el año que viene el gobierno británico tendrá que buscar nuevas fórmulas para que el plan -y su esfuerzo por reducir el número de inmigrantes- sea un éxito. A sólo dos años de las próximas elecciones generales, hay mucho en juego. Hasta ahora, a pesar del riesgo de ser deportados, más solicitantes de asilo han cruzado el Canal de la Mancha hacia el Reino Unido en 2022 que en años anteriores, lo que ha puesto en entredicho la eficacia del plan y si la política "ilegal" puede o no despegar realmente.
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