Una importante organización no gubernamental tunecina especializada en cuestiones de inmigración denunció el domingo la decisión "inhumana y opresiva" del gobierno de deportar a un grupo de inmigrantes irregulares que llegaron a Túnez en 2011.
Durante una reunión gubernamental celebrada el viernes, el gobierno de Najla Bouden anunció "la necesidad de comenzar a deportarlos (a los inmigrantes) debido a su situación ilegal y que los procedimientos deben comenzar lo antes posible", según un comunicado.
El gobierno dijo que la residencia de este grupo de inmigrantes en un centro juvenil estatal de la ciudad de El Marsa, en las afueras de Túnez, durante un periodo de más de cinco años, "ha perturbado el trabajo del centro" debido a "su total negativa a abandonar el lugar".
En respuesta, el Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales (FTDES) expresó en un comunicado, el domingo, su "indignación por la decisión inhumana y opresiva del gobierno".
Según la ONG, 25 inmigrantes varones, entre ellos egipcios, sudaneses, nigerianos y nigerianas, que tienen entre 30 y 32 años y que huyeron de las tensiones en Libia en 2011, residen en el centro juvenil desde 2017 tras ser deportados del campo de refugiados de Choucha, en el sur de Túnez.
Ramadan Benomar, que es un funcionario de la FTDES, dijo a la Agencia France-Presse (AFP) que las autoridades habían rechazado sus solicitudes de asilo, haciendo hincapié en que "la deportación de estos inmigrantes a sus países amenaza sus vidas."
La FTDES advirtió de "cualquier intento de imponer una solución por la fuerza a un grupo vulnerable cuyo sufrimiento dura ya más de diez años".
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La organización hizo un llamamiento a la sociedad civil para que se movilice "contra las políticas discriminatorias y represivas del gobierno tunecino contra los inmigrantes", y confirmó que había recurrido a "organizaciones internacionales, a la Unión Europea y a todos los países que fueron parte en la crisis libia, en un intento de encontrar una solución para el grupo restante, aunque sea excepcional, pero todo en vano".
Tras el estallido de la revolución en Libia en 2011, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) abrió el campo de refugiados de Choucha, que llegó a acoger a 18.000 personas en el punto álgido de la crisis.
En 2013, ACNUR decidió cerrar el campo, pero cientos de sus residentes se quedaron a la espera de ser reasentados en terceros países. Aunque algunos consiguieron salir de Túnez, a otros se les ofreció trasladarse a ciudades tunecinas.
Sin embargo, decenas de inmigrantes permanecieron en el campamento, exigiendo una respuesta positiva a sus solicitudes de asilo, antes de ser evacuados del lugar en 2017.
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