Recientemente, Israel ha pedido que se promulguen nuevas leyes racistas que pueden calificarse de castigo colectivo y constituir un crimen de guerra. Estas leyes exigen la ejecución de los autores palestinos de operaciones de comandos y la deportación y el exilio de sus familias fuera de las fronteras de la Palestina ocupada.
La derecha israelí, que ha llegado al poder, pretende cumplir una de sus promesas electorales imponiendo la pena de muerte a los palestinos. A la luz del carácter fascista de la nueva coalición gubernamental, parece que existe una clara mayoría a favor de una ley racista de este tipo.
La derecha israelí, especialmente el Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, trató de hacer de la imposición de la pena de muerte para los combatientes de la resistencia palestina una cláusula esencial en los acuerdos de la coalición gubernamental, y mediante un rápido referéndum entre los partidos que supuestamente participarán en el naciente gobierno, parece que hay una clara mayoría a favor de dicha ley.
Los partidarios de este planteamiento fascista afirman que una ley de este tipo reforzaría su capacidad para hacer frente a las crecientes operaciones de resistencia, que el ejército de ocupación israelí ha sido incapaz de detener. Aunque será una ley controvertida y se enfrentará a la condena mundial, el objetivo israelí es eliminar la resistencia y crear una fuerte fuerza disuasoria contra ella.
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Según la propuesta de Ben-Gvir, cada palestino condenado por llevar a cabo una operación de comando que mató a israelíes será condenado a muerte, lo que significa que la pena de muerte es obligatoria, no discrecional, y no será posible mitigar la sentencia de aquellos contra los que se ha emitido una sentencia definitiva. Una política similar fue presentada a la Knesset en 2018 y encuestas anteriores han mostrado que más de dos tercios de los israelíes apoyan el uso de la pena de muerte.
Ben-Gvir no es el primero en exigir la promulgación de una ley tan sangrienta. Le precedió la demanda de Avigdor Lieberman, líder del partido Yisrael Beiteinu, y de algunos miembros del Likud que le apoyaron. Lo nuevo hoy es que hay una coalición de derechas detrás de la petición de este fascista.
No sería de extrañar que una ley así fuera objeto de controversia si tenemos en cuenta que la pena de muerte sólo tuvo lugar en Israel en dos casos, el primero fue el del nazi Adolf Eichmann, y el segundo con un oficial israelí acusado de traición.
Las investigaciones sobre los combatientes de la resistencia han demostrado con pruebas concluyentes que la pena de muerte no les disuade de llevar a cabo ataques contra la ocupación. Esto significa que dictar una sentencia de muerte no reducirá el número de muertes israelíes.
Los autores de atentados de la resistencia los llevan a cabo sabiendo que la posibilidad de que sobrevivan es nula, por lo que el temor a una posible condena a muerte no tendría ninguna influencia sobre ellos, de hecho les ofrecería la recompensa de ser mártires y no pasar su vida en las cárceles israelíes. Entonces, ¿cuál sería el beneficio de tal política? ¿Es establecer un Estado fuertemente armado que se venga de un solo individuo?
Los partidarios de la ley, sin embargo, afirman que envía un mensaje de que la ocupación no transige cuando se trata de la guerra contra la resistencia.
Además del llamamiento israelí a la imposición de la pena de muerte, el Partido Likud, dirigido por Netanyahu, exigió la promulgación de leyes para deportar a Líbano o a la Franja de Gaza a las familias de los autores de ataques armados, y despojar de su nacionalidad a quienes tuvieran la ciudadanía israelí. Todo ello a pesar de que los palestinos suelen actuar solos como individuos y sus familias no tienen nada que ver con sus acciones.
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Estas medidas israelíes ponen de manifiesto que los palestinos se enfrentarán a una serie de castigos colectivos, así como a incursiones, detenciones y asesinatos. El nuevo gobierno israelí abrirá una nueva página de violencia institucionalizada y terrorismo de Estado organizado mediante leyes y legislación promulgadas por la Knesset, controlada por la derecha fascista y racista, que no reconoce la existencia del pueblo palestino. Está adoptando decisiones y promulgando leyes para eliminar por completo la presencia palestina.
No lo conseguirá porque los palestinos son los propietarios de las tierras y la ocupación no es más que transitoria.
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