Cinco partidos tunecinos expresaron ayer su rechazo al plan de las autoridades de recurrir al Decreto 54 para erradicar a los opositores políticos.
En un comunicado conjunto, el Partido de los Trabajadores, el Partido Republicano, el Partido de la Corriente Democrática, el Foro Democrático para el Trabajo y las Libertades (FDTL) y el Polo Democrático Modernista manifestaron: "La opinión pública tunecina se ha visto sorprendida por la decisión de someter a investigación a Ayachi Hammami, coordinador del comité de defensa de los magistrados destituidos, acusado de utilizar los sistemas de comunicación para difundir falsos rumores con el objetivo de atentar contra la seguridad pública".
Añadió que estos procesamientos "confirman el continuo empeño de la autoridad por implicar al poder judicial y explotarlo en liquidaciones políticas".
Según el artículo 24 del Decreto 54 de 2022, promulgado el 13 de septiembre, se puede imponer una pena de cinco años de cárcel y una multa de 50.000 dinares (unos 16.000 dólares) a "quien utilice deliberadamente las redes y sistemas de información y comunicación para producir, promover o publicar, enviar o preparar noticias falsas, declaraciones, rumores, documentos fabricados o falsificados, o información atribuida falsamente a otros con el fin de atentar contra los derechos de los demás, perjudicar la seguridad pública o la defensa nacional, o sembrar el terror entre la población."
Túnez se enfrenta a una grave crisis política desde julio de 2021, cuando el presidente Kais Saied monopolizó el poder, disolvió el Parlamento y celebró un referéndum sobre la Constitución.
Saied dice que tomó las medidas para salvar al Estado del "colapso total".
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