Las autoridades de ocupación israelíes han notificado hoy a la familia palestina de un preso, acusado de apuñalar a un colono el año pasado, que van a demoler su casa, situada en el pueblo de Hajja, cerca de la ciudad ocupada de Qalqilya, en Cisjordania, informó la agencia de noticias Wafa.
La familia Hailan declaró a Wafa que los soldados israelíes informaron a su abogado de la demolición prevista y les advirtieron de que disponían de tres días para desalojar su casa antes de que llegaran con excavadoras.
Los soldados israelíes también habían tomado medidas de la casa de la familia en noviembre para prepararla para la demolición, un acto que las fuerzas israelíes llevan a cabo con regularidad y que los grupos de derechos humanos califican de "castigo colectivo".
Younis Hailan, de 19 años, fue encarcelado por soldados israelíes tras ser acusado de apuñalar mortalmente a un colono israelí en octubre.
El castigo colectivo es una de las medidas más extremas que Israel ha empleado contra los palestinos. Tras extender su ocupación a Cisjordania y Jerusalén Este en 1967, las demoliciones punitivas de viviendas se convirtieron en una práctica habitual. Por definición, con ello se pretende perjudicar a personas que no han hecho nada ilegal y no son sospechosas de ninguna fechoría; sólo resulta que están emparentadas con alguien que ha atacado o intentado atacar a israelíes.
Según el derecho internacional humanitario, ninguna persona puede ser castigada por actos que no haya cometido. El castigo colectivo de un grupo de personas por un delito cometido por un individuo es, por tanto, ilegal, ya se trate de prisioneros de guerra o de cualquier otro individuo. Y lo que es más controvertido, el derecho internacional permite a quienes viven bajo ocupación militar -los palestinos, por ejemplo- oponer resistencia a la ocupación utilizando cualquier medio a su alcance.
LEER: Israel mata a un palestino al norte de Jerusalén