Un destacado profesor de Derecho saudí ha sido condenado a muerte por el uso de las redes sociales. El clérigo pro-reforma está acusado de utilizar plataformas como Twitter, Facebook, WhatsApp y Telegram para difundir noticias antigubernamentales, informa hoy The Guardian.
El clérigo, de 65 años, fue detenido en septiembre de 2017, cuando el entonces recién nombrado príncipe heredero Mohammed Bin Salman (MBS) supervisó una ofensiva contra la disidencia, nominalmente parte de una campaña anticorrupción. Antes de su detención, Qarni tenía 2 millones de seguidores en Twitter.
El hijo de Qarni, Nasser, que huyó del reino el año pasado y reside en Gran Bretaña, donde busca asilo, ha compartido con el periódico los detalles de las acusaciones contra su padre. En octubre, describió las violentas circunstancias que rodearon la detención de su padre por policías armados y vestidos de civil.
"Más de 100 hombres armados con ametralladoras y pistolas. Rodeaban la casa. Nos impidieron entrar en la casa por la fuerza", dijo. "Era como un campo de batalla".
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Los cargos contra Qarni incluyen su uso de las redes sociales, concretamente una cuenta de Twitter con su propio nombre, para expresar sus opiniones. También se le acusa de participar en un chat de grupo de WhatsApp y de crear una cuenta en Telegram, así como de elogiar a los Hermanos Musulmanes en vídeos. Cabe señalar que se enfrenta a la pena de muerte por estos cargos.
Los documentos judiciales compartidos por Nasser muestran también que la criminalización del uso de las redes sociales ha aumentado desde que MBS se convirtió en gobernante de facto.
El año pasado, Salma Al-Shehab, estudiante de doctorado y madre de dos hijos de Leeds, fue condenada a 34 años de prisión por tener una cuenta de Twitter y seguir y retuitear a disidentes y activistas. Otra mujer, Noura Al-Qahtani, fue condenada a 45 años de prisión por utilizar Twitter.
Jeed Basyouni, responsable de Oriente Medio y el Norte de África de la organización de derechos humanos Reprieve, afirmó que el caso de Qarni forma parte de una tendencia en la que académicos y académicos se enfrentan a la pena de muerte por tuitear y expresar sus opiniones.
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