Las nuevas sanciones del gobierno israelí contra los palestinos incluyen medidas punitivas para los funcionarios de la Autoridad Palestina relacionadas con su libertad de circulación. En respuesta a la resolución de la Asamblea General de la ONU titulada "Prácticas israelíes y actividades de asentamiento que afectan a los derechos del pueblo palestino y otros habitantes árabes de los territorios ocupados", que solicita el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la ocupación y el apartheid israelíes, Israel retiró la semana pasada al ministro de Asuntos Exteriores de la AP, Riad al-Maliki, la tarjeta VIP que le permitía viajar sin trabas.
En un comunicado, al-Maliki declaró: "Pediremos, en una carta a los ministerios de Asuntos Exteriores de todo el mundo, que adopten una postura clara sobre estas medidas para que la potencia ocupante se dé cuenta de que no es completamente libre de actuar a su antojo". Menos mal que al-Maliki es un político que apuntala las imposiciones internacionales sobre los palestinos y la comunidad internacional puede ejercer cierta influencia, y no un palestino corriente para quien viajar nunca es un derecho asegurado, debido a las restricciones israelíes a la libre circulación y al silencio de la comunidad internacional.
El argumento de ganarse a la opinión pública sigue siendo relevante, aunque la relevancia no se traduzca necesariamente en medidas significativas contra el atrincheramiento colonial del apartheid israelí. Pero están en juego cuestiones más importantes que el pase VIP de al-Maliki. Al-Maliki está ahora confinado en la Cisjordania ocupada, al menos temporalmente. Pero millones de palestinos llevan décadas confinados. ¿En qué se basará al-Maliki para hacer su defensa? ¿Y aprovechará la AP la persecución para influir en la opinión pública y restablecer su privilegio? ¿Sobre qué base puede la AP alegar credibilidad sobre la libre circulación si lo único que pretende resolver es el estatus VIP concedido por Israel?
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Si la AP piensa que ha ganado algún terreno como resultado de la resolución de la Asamblea General de la ONU, debería considerar su trayectoria política. Todo lo que la AP ha logrado hasta ahora para Palestina en el ámbito internacional constituyen momentos simbólicos que afirman lo que el derecho internacional ya constituye una violación. Sin embargo, si se considera lo que la AP ha logrado contra los palestinos, la lista se leería como una extensión de la violencia colonial de Israel, en particular la persecución y detención de civiles palestinos que desafían abiertamente a la AP.
Los funcionarios de la AP no pueden vivir la experiencia de ser civiles palestinos corrientes. Que Israel les revoque sus pases VIP es una infracción, pero las situaciones son completamente diferentes. La AP es penalizada por irritar a Israel con una resolución, mientras que los palestinos son castigados por su existencia y su resistencia anticolonial. La libertad de circulación, si bien es un derecho humano, adquiere connotaciones diferentes y específicas cuando se considera que la AP no se opone a acceder a una circulación privilegiada, en contraposición a querer la libertad de circulación para todo el pueblo palestino.
El pase VIP es una imposición colonial que la AP ha aceptado para facilitar su privilegio. En tal caso, la libertad de circulación está comprometida. Pero, ¿qué pasa con los millones de palestinos que son rehenes de Israel, la AP y la comunidad internacional? Si se restablece el pase VIP de al-Maliki, ¿diferenciará la AP entre libertad de circulación y libertad de circulación privilegiada?
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