La Corte Internacional de Justicia confirmó el viernes que había recibido oficialmente una petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas para que emitiera una opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí de los Territorios Palestinos, informa Reuters.
Se espera que la CIJ elabore una lista de Estados y organizaciones que podrán presentar declaraciones por escrito, pero el comunicado de prensa no dio más información sobre un calendario para ese proceso. En anteriores opiniones consultivas, el Tribunal también programó audiencias, pero es probable que pasen al menos varios meses antes de que puedan programarse.
La CIJ, con sede en La Haya, también conocida como la Corte Mundial, es el máximo tribunal de la ONU que se ocupa de disputas entre Estados. Sus sentencias son vinculantes, aunque la CIJ no tiene poder para hacerlas cumplir.
En una medida condenada por Israel y bien acogida por los palestinos, la Asamblea General pidió el mes pasado a la CIJ que emitiera una opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de "la ocupación, los asentamientos y la anexión [...] incluidas las medidas encaminadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de la adopción por Israel de leyes y medidas discriminatorias conexas".
La resolución de la ONU también pide a la CIJ que asesore sobre cómo esas políticas y prácticas "afectan al estatuto jurídico de la ocupación" y qué consecuencias jurídicas se derivan de ese estatuto para todos los países y para las Naciones Unidas.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha calificado de "decisión despreciable" la petición de un dictamen del Tribunal Mundial.
La última vez que la CIJ se pronunció sobre el conflicto entre Israel y los palestinos fue en 2004, cuando dictaminó que un muro de separación israelí era ilegal. En la misma sentencia, los jueces de la CIJ afirmaron que los asentamientos israelíes en Territorios Palestinos Ocupados "se han establecido en violación del derecho internacional".
Israel rechazó esa sentencia, acusando al Tribunal de tener motivaciones políticas.
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