Unos 40 diputados libaneses se convirtieron el viernes en el último grupo en respaldar al juez que investiga la catastrófica explosión del puerto de Beirut en 2020 y pedir que el fiscal superior del país rinda cuentas por las medidas adoptadas contra el juez y su investigación, informa Reuters.
El juez Tarek Bitar reanudó el lunes su investigación sobre la explosión en la que murieron más de 220 personas, tras una suspensión de 13 meses provocada por disputas legales y presiones políticas de alto nivel.
Bitar presentó cargos contra altos cargos de seguridad, políticos y judiciales, entre ellos el fiscal general Ghassan Oueidat.
Aunque previamente se había recusado del caso por conflicto de intereses, Oueidat presentó cargos contra Bitar por presunta mala gestión de la investigación y puso en libertad a los 17 detenidos restantes que seguían retenidos a causa de la investigación.
El grupo de legisladores que apoya a Bitar representa a menos de un tercio de los 128 miembros de la legislatura libanesa, e incluye a diputados independientes respaldados por grupos de la sociedad civil, el Partido Kataeb y el Partido de las Fuerzas Libanesas Cristianas.
En un comunicado, los legisladores afirman que Oueidat debe "rendir cuentas inmediatamente por las flagrantes violaciones que ha cometido y por su injerencia directa... y la liberación de detenidos sin autoridad para ello".
No se pudo contactar con Oueidat para que hiciera comentarios el viernes.
Ha defendido sus decisiones, declarando a Reuters el jueves que fue Bitar quien había violado los principios legales al reanudar su investigación, basándose en lo que consideraba una justificación legal chapucera.
Las decisiones de Oueidat han sido respaldadas por el grupo Hezbolá, fuertemente armado, que se ha opuesto a la investigación de Bitar después de que éste tratara de interrogar y procesar a algunos de sus amigos y aliados.
La Asociación Libanesa de Jueces, que representa a una quinta parte de los 500 miembros de la judicatura libanesa, afirmó que las decisiones de Oueidat "han traspasado todos los límites y principios de una manera flagrante que destruye los cimientos de la justicia".
En su opinión, los jueces que "se han vendido al servicio de las autoridades políticas" deben dimitir y rendir cuentas.
El Colegio de Abogados de Beirut, que representa a los letrados, declaró que las decisiones de Oueidat "constituían un abuso de poder y una violación de la ley".
La disputa deja pocas esperanzas de que se haga justicia por la mortífera explosión que devastó amplias zonas de Beirut, lo que hace temer que el caso siga el camino de otros muchos en un país donde la impunidad es la norma desde hace mucho tiempo.
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