Human Rights Watch (HRW) afirmó el jueves que las medidas de las autoridades israelíes de precintar las viviendas de dos palestinos sospechosos de atentados contra israelíes "equivalen a un castigo colectivo" y constituyen un "crimen de guerra".
Las medidas punitivas israelíes se aplican contra las familias de Khairy Alqam, de 21 años, que el pasado viernes abrió fuego en el asentamiento israelí de Neve Yaakov, en la Jerusalén Oriental ocupada, el 27 de enero, matando a siete personas e hiriendo a otras tres, así como de Mahmoud Muhammad Aliwat, de 13 años, acusado por las fuerzas israelíes de llevar a cabo un ataque a tiros en Silwan, en la Jerusalén ocupada.
El sábado, las fuerzas israelíes decidieron precintar las viviendas de Alqam y Aliwat en los barrios de Jabal Mukaber y Silwan, en la Jerusalén Oriental ocupada, para preparar su demolición.
HRW citó al Director de Israel y Palestina de HRW, Omar Shakir, quien afirmó que "tales ataques no pueden justificar que las autoridades israelíes castiguen intencionadamente a las familias de sospechosos palestinos demoliendo sus casas y echándolas a la calle".
Según HRW, las autoridades israelíes siguen deteniendo a familiares de la familia de Alqam, mientras que un abogado de la familia de Aliwat dijo a HRW que las autoridades israelíes han detenido a la madre, al padre y al hermano del muchacho desde el ataque.
Las autoridades israelíes también han tomado otra serie de medidas en respuesta al ataque de Neve Yaakov, entre ellas intensificar el castigo a los propietarios palestinos por "construcción ilegal" en Jerusalén Este, lo que ya ha llevado a la demolición de propiedades, incluidas viviendas, de palestinos para los que es casi imposible obtener permisos de construcción.
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Las autoridades israelíes también han dicho que planean "reforzar" los asentamientos de Cisjordania, que violan el derecho internacional, y han presentado una ley para revocar la ciudadanía o la residencia permanente a quien cometa "un acto de terrorismo", que pasó su primera lectura en la Knesset israelí el 31 de enero.
La organización de defensa de los derechos humanos también ha señalado la escalada de violencia de los colonos en Cisjordania desde el tiroteo de Jerusalén, señalando que "entre 2005 y 2021, la policía israelí cerró el 92% de las investigaciones contra colonos que agredieron a palestinos sin presentar cargos".
Según HRW, "el derecho internacional humanitario, incluido el Reglamento de La Haya de 1907 y la Cuarta Convención de Ginebra, prohíbe el castigo colectivo, incluido el daño deliberado a los familiares de los acusados de cometer delitos, en todas las circunstancias".
"Los tribunales de todo el mundo han tratado los castigos colectivos como crímenes de guerra. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Israel ha rechazado sistemáticamente la afirmación de que la práctica del gobierno israelí de demoliciones punitivas de viviendas en el Territorio Palestino Ocupado equivale a un castigo colectivo", añadió.
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