La comunidad internacional debe actuar para detener la demolición y el sellado sistemáticos y deliberados de viviendas palestinas, así como los desplazamientos arbitrarios y los desalojos forzosos de palestinos en Cisjordania ocupada, afirmaron ayer expertos de la ONU en una declaración.
Sólo en enero, las fuerzas de ocupación israelíes demolieron 132 estructuras palestinas en 38 comunidades de Cisjordania ocupada, incluidas 34 residenciales y 15 financiadas por donantes, según los informes.
Esto representa un aumento del 135% en comparación con el mismo periodo de 2022, e incluye cinco demoliciones punitivas.
"La demolición sistemática de viviendas palestinas, la erección de asentamientos israelíes ilegales y la denegación sistemática de permisos de construcción para los palestinos en la Cisjordania ocupada equivale a domicidio", dijeron los expertos de la ONU.
"Los ataques directos contra los hogares, las escuelas, los medios de subsistencia y las fuentes de agua del pueblo palestino no son más que intentos de Israel de cercenar el derecho de los palestinos a la autodeterminación y de amenazar su propia existencia", afirmaron también los expertos.
Los expertos, nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero que no hablan en nombre de las Naciones Unidas, reiteraron su preocupación por la situación en los pueblos ocupados de Masafer Yatta, en Cisjordania.
Advirtieron de que más de 1.100 palestinos residentes allí seguían corriendo "riesgo inminente de desalojo forzoso, desplazamiento arbitrario y demolición de sus hogares, medios de subsistencia y estructuras de agua y saneamiento".
Afirmaron que "las tácticas de Israel para desplazar y desalojar por la fuerza a la población palestina parecen no tener límites."
Los expertos señalaron que "decenas de familias palestinas de la Jerusalén Oriental ocupada también se enfrentan a riesgos inminentes de desalojos y desplazamientos forzosos, debido a los regímenes discriminatorios de zonificación y planificación que favorecen la expansión de los asentamientos israelíes, acto ilegal según el derecho internacional y que equivale a un crimen de guerra."
La declaración de los expertos se produjo un día después de que el gabinete de seguridad israelí anunciara que "legalizaría" nueve puestos de avanzada en Cisjordania ocupada.
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