El Parlamento israelí, la Knesset, ha aprobado hoy la primera fase del plan del gobierno de Netanyahu para debilitar los poderes del poder judicial. En primera lectura, 63 diputados votaron a favor y 47 en contra.
Este plan pretende debilitar al Alto Tribunal para que el gobierno de coalición tenga pleno control sobre la composición del Comité de Selección Judicial, y poner fin a la "injerencia" del tribunal en la política. Se está impulsando en la Knesset a pesar de la escalada de protestas masivas en Tel Aviv, así como de la oposición política.
El gobierno -calificado como el más ultraderechista de la historia de Israel- califica el plan de "reforma judicial". Se niega a dejar en suspenso la legislación y a entablar un diálogo para llegar a un acuerdo sobre un plan con la mediación del presidente israelí, Isaac Herzog.
"Es una noche importante y un gran día", declaró el Primer Ministro Benjamin Netanyahu tras la votación en la Knesset. "Las negociaciones deben entablarse sin condiciones previas. Sólo conozco las condiciones previas de los círculos políticos. Estamos dispuestos a entablar negociaciones inmediatamente, sin condiciones".
El ministro de Justicia, Yariv Levin, que encabeza los esfuerzos para aprobar el plan gubernamental, afirmó que "las masas de ciudadanos cuyas voces no han sido escuchadas en décadas apoyan al poder judicial, que estuvo ciego ante sus necesidades y que las subestimó".
Según la legislación, el Alto Tribunal tendrá prohibido interferir en las leyes básicas, incluso en aquellas que el tribunal considere inconstitucionales e incoherentes con otras leyes. También estipula que los jueces propuestos para el Alto Tribunal sean convocados a una audiencia en la Comisión de Constitución, Derecho y Poder Judicial de la Knesset. Las enmiendas también exigen el nombramiento de una representante femenina por cada una de las tres autoridades en el Comité de Selección de Jueces.
El proyecto de ley se trasladará ahora para nuevas deliberaciones en la Comisión de Constitución, Derecho y Poder Judicial, antes de ser sometido a votación en una segunda y tercera lecturas.
Los sondeos de opinión muestran que la mayoría de los israelíes desean suspender o ralentizar el proceso de promulgación de las "reformas" para permitir el diálogo con sus críticos, o aplazar el plan, que la oposición califica de "golpe constitucional y judicial". Insisten en que perjudica el equilibrio democrático de poder en Israel, fomenta la corrupción y provocará el aislamiento diplomático de Israel.
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