Una oleada de manifestaciones masivas ha tomado Israel por asalto. Decenas de miles de israelíes se han echado a la calle durante semanas para protestar contra el plan de reforma judicial propuesto por el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, que volvió al poder para un sexto mandato tras arrasar en las elecciones de noviembre de 2022. Las reformas han sido descritas como una "bomba de relojería constitucional" y "una mancha en la historia israelí".
A los manifestantes les preocupa que los cambios judiciales erosionen las normas democráticas y otorguen demasiado poder al actual gobierno israelí, que es la coalición más ultraderechista y religiosa de Israel hasta la fecha, permitiéndole anular leyes vigentes. También dicen que esta reforma judicial tiene que ver con Netanyahu, que está haciendo todo lo que está en su mano para eludir la condena en sus juicios por corrupción en curso, y puede utilizar a su propio gobierno para anular cualquier sentencia del Tribunal Supremo que vaya en su contra.
Entonces, ¿qué implica esta revisión judicial, que ha provocado la ira de israelíes de todo el espectro político, incluidos los de la alta tecnología, bufetes de abogados y empresas del sector privado?
Las reformas propuestas permitirían:
- Permitirían a la Knesset -el Parlamento israelí de 120 escaños- anular las decisiones del Tribunal Supremo con una mayoría simple de 61 votos.
- Entregar el control de la selección de los jueces del Tribunal Supremo a la coalición gobernante, lo que significa que el gobierno será la voz decisiva en el nombramiento de los jueces.
- Reducir la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo de 70 a 67 años: Esto significa que cuatro de los 15 jueces en activo tendrían que retirarse, lo que permitiría al gobierno de Netanyahu cubrir esos puestos con sus propias selecciones.
- Impedir que el Tribunal Supremo lleve a cabo revisiones judiciales de la legislación y juzgue las decisiones del gobierno por motivos de razonabilidad, lo que significa que el tribunal perdería su capacidad de anular leyes o nombramientos que los jueces consideren "irrazonables".
- Permitir que sean los ministros, y no el poder judicial, quienes nombren a los asesores jurídicos, así como limitar su autoridad, lo que significa que los asesores jurídicos dejarían de ser independientes u objetivos para pasar a depender de los ministros que los nombren, y su asesoramiento jurídico sería una recomendación y no vinculante jurídicamente.
De promulgarse, estas reformas supondrían los cambios más radicales jamás introducidos en el sistema de gobierno de Israel.
Quienes se oponen a las reformas afirman que permitirían al gobierno de extrema derecha de Netanyahu -que el ex ministro de Defensa Moshe Ya'alon calificó de "dictadura de criminales"- hacerse con el poder absoluto, al otorgar más autoridad al poder ejecutivo sobre el judicial.
Los cambios también podrían tener graves repercusiones en la anexión israelí de los territorios palestinos ocupados en Cisjordania, algo que los ministros del gobierno en funciones han dejado claro que persiguen. Después de todo, fue el Tribunal Supremo israelí el que acabó deteniendo el desalojo de los residentes palestinos del barrio de Sheikh Jarrah, en la Jerusalén Oriental ocupada, en 2022.
VIDEO: Un blindado israelí embiste contra una multitud de palestinos
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