Las autoridades egipcias deben hacer públicas las cifras sobre los presos, incluido el número de personas que han sido detenidas en los últimos años en el marco de la represión nacional, han manifestado nueve organizaciones de derechos humanos.
Su declaración se produce mientras las autoridades siguen encubriendo abusos en el país y actuando sin transparencia.
La autoridad penitenciaria no ha publicado cifras sobre los presos desde los años noventa y el presidente se ha negado a responder a las preguntas de los periodistas, afirman las organizaciones firmantes.
Desde 2013, Abdel Fattah Al-Sisi ha supervisado una represión generalizada contra miembros de la oposición, periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos.
Se calcula que hay unos 60.000 presos políticos. Los informes muestran que viven hacinados en celdas, son torturados sistemáticamente y se les niega atención médica como medida punitiva.
Entre 2013 y 2021, el gobierno egipcio ha construido decenas de nuevas prisiones, con lo que el número total de centros de detención oficiales en 2021 ascenderá a 168.
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"El gobierno egipcio oculta información sobre la población detenida como si fuera un secreto de Estado, pero los egipcios tienen derecho a saber cuántas personas detiene su gobierno y cómo las trata", ha declarado Amr Magdi, investigador principal para Oriente Medio y el Norte de África de Human Rights Watch (HRW), una de las nueve organizaciones firmantes de la declaración.
"La falta de cifras transparentes sobre la población reclusa priva a la sociedad civil de herramientas fundamentales para evaluar la eficacia del sistema penal y supervisar las condiciones de las prisiones y otras cuestiones vitales de derechos humanos."
Además, miles de presos están recluidos en centros de detención no oficiales y secretos gestionados por la Agencia de Seguridad Nacional.
Decenas de miles de personas están en prisión preventiva y permanecen en la cárcel sin juicio, a pesar de que la prisión preventiva sólo debe utilizarse como medida excepcional y durante el periodo más breve posible.
Las autoridades deben permitir el acceso a grupos independientes, establecer una autoridad independiente que investigue los malos tratos y crear una base de datos en línea para que las familias puedan localizar dónde están recluidos sus parientes, señala la declaración, firmada también por el Comité por la Justicia y la Fundación Sinaí para los Derechos Humanos.
"El gobierno egipcio castiga a los presos y a sus familiares, y a toda la sociedad egipcia, privando al público de información sobre las personas detenidas", añadió Magdi.
"Los egipcios tienen derecho a preguntar y a recibir respuestas claras y completas".
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