Las autoridades griegas han robado más de 2 millones de euros (2,1 millones de dólares) en efectivo u objetos de valor a migrantes irregulares o refugiados a los que habían devuelto a Turquía entre 2017 y 2022, según una investigación del diario español El País.
Para preparar su investigación, el diario ha entrevistado en los últimos seis meses a migrantes irregulares, diversas organizaciones no gubernamentales, instituciones, expertos y residentes en las orillas del río Maritsa.
Según el informe, las autoridades griegas han devuelto a más de 20.000 migrantes irregulares a Turquía a través de la frontera de Maritsa en el período 2017-2022, y durante este período, las fuerzas de seguridad griegas habían robado el dinero y los objetos de valor de los inmigrantes.
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Las autoridades griegas llevaban a los inmigrantes irregulares que habían solicitado asilo, a comisarías de policía, cuarteles militares o almacenes vacíos y los trataban con violencia y les robaban dinero en efectivo y objetos de valor, como teléfonos móviles, anillos, pendientes, pulseras y relojes.
El País señala que, según datos de organizaciones no gubernamentales, instituciones relacionadas con la migración en la provincia de Evros, abogados y otras fuentes, la cifra real de dinero en efectivo robado podría ser "significativamente mayor", ya que muchas de las deportaciones y robos no son registrados por las organizaciones locales.
El País identificó un modus operandi que consiste en captar a los migrantes o refugiados, negarles la posibilidad de pedir asilo y llevarlos a lugares como comisarías, almacenes o cuarteles militares, donde les roban y les tratan con violencia. Después, los envían a Turquía, a menudo en balsas hinchables.
"Cuando les quitas los teléfonos, te deshaces de cualquier prueba de que estuvieron allí. Cuando les quitas el dinero, les haces la vida más difícil. Cuando los dejas desnudos, otra tendencia en alza, los humillas y desmoralizas. Forma parte de una estrategia para disuadirles de intentar volver a Grecia", explica a El País Eva Cosse, de Human Rights Watch.