El objetivo de la misión de la ONU en Libia siempre ha sido ayudar al país a llegar al final del periodo de transición que se está llevando a cabo desde que terminó la guerra civil de 2011. Cada enviado de la ONU intentó a su manera alcanzar ese objetivo mediante complicadas negociaciones, comités y subcomités. Hasta la fecha, todos han fracasado.

La última iniciativa de este tipo fue el tema de la sesión informativa del enviado de la ONU Abdoulaye Bathily ante el Consejo de Seguridad de la ONU el 27 de febrero. La propuesta contempla lo que Bathily denominó "Grupo Directivo de Alto Nivel para Libia", que reuniría a todas las "partes interesadas libias pertinentes", incluidos representantes de instituciones políticas, figuras políticas importantes, líderes tribales, organizaciones de la sociedad civil, agentes de seguridad y representantes de mujeres y jóvenes.

En palabras del enviado, este grupo facilitará la adopción de un "marco jurídico y una hoja de ruta con plazos concretos" para la celebración simultánea de elecciones presidenciales y parlamentarias este mismo año. El mayor problema de la iniciativa es que se construyó sobre el supuesto de que la Cámara de Representantes (HoR) y el Consejo Superior de Estado (HCS) discreparían, como suele ocurrir, a la hora de adoptar el "marco legal" y una hoja de ruta para las elecciones. Sin embargo, el HCS votó inesperadamente, durante una sesión extraordinaria celebrada el 2 de marzo, a favor de aprobar la modificación de la Declaración Constitucional adoptada por el Parlamento, allanando así el camino para la celebración de elecciones.

Sin embargo, las dos cámaras aún no se han puesto de acuerdo sobre los detalles, en los que el diablo siempre acecha bajo la superficie, por lo que es poco probable que se llegue a un acuerdo en el ambiente político que reina en Libia.Algunos observadores piensan que esta repentina decisión de la HCS, que suele rechazar todo lo que decide la HoR, es otro astuto intento de adelantarse y, básicamente, bloquear la iniciativa de Bathily. Si la Cámara de Representantes y la HCS se ponen de acuerdo sobre las elecciones, entonces no hay necesidad de su "Grupo Directivo de Alto Nivel".

LEER: ¿Por qué se permite que "hombres del saco" extranjeros obstaculicen el progreso de Libia 12 años después de la revolución?

En efecto, ambas cámaras habrían sido puenteadas por el Grupo en el momento en que discreparan sobre las leyes electorales que deben elaborar, por lo que les interesa que la iniciativa del enviado se estanque. El HoR emitió una declaración criticando algunos de los puntos planteados por Bathily. En su informe al Consejo de Seguridad, señaló con el dedo acusador al parlamento libio por no haber proporcionado el marco legal para las malogradas elecciones del 24 de diciembre de 2021. La declaración de la Cámara de Representantes defendió su postura y acusó al enviado de "tergiversar los hechos" cuando dijo al Consejo de Seguridad que los desacuerdos entre la Cámara de Representantes y la HCS sobre la 13ª Enmienda a la Declaración Constitucional "persistían" y que la propia enmienda seguía siendo "controvertida", ya que no abordaba la cuestión de la elegibilidad de los candidatos presidenciales. Ahora ambas cámaras afirman que están de acuerdo en este asunto.

Es cierto que la enmienda no decía específicamente quién es elegible y bajo qué condiciones cualquier individuo puede presentarse a presidente, pero eso ya se ha resuelto en la ley nº 1/2021 que no ha sido ni anulada ni enmendada. La cláusula segunda del artículo décimo de la ley establece claramente, entre otras cosas, que ningún aspirante a la presidencia debe tener doble nacionalidad el día en que se celebren las elecciones presidenciales. Además, la Declaración Constitucional enmendada decía repetidamente que los detalles de las leyes electorales deben tratarse en leyes específicamente aprobadas y no necesariamente incluirse en el propio documento constitucional. Bathily parece haber ignorado el hecho de que se aprobaron dos leyes electorales para preparar las elecciones de 2021, que no se celebraron. La cuestión de la doble nacionalidad, así como otros asuntos, podrían torpedear fácilmente las elecciones por segunda vez. Se cree que al menos seis personas de las 98 que se inscribieron como candidatos para las frustradas elecciones presidenciales de 2021 tienen doble nacionalidad, entre ellas el general Jalifa Haftar.

El HCS se ha opuesto en repetidas ocasiones a la idea de permitir que cualquier persona con doble nacionalidad se presente a las elecciones presidenciales. Su presidente, Khaled Al-Mishri, ha dicho en más de una ocasión que Haftar no puede ser candidato presidencial a menos que renuncie a su pasaporte estadounidense. De hecho, al menos dos leyes libias vigentes prohíben a cualquier persona con doble nacionalidad ocupar cualquier cargo público salvo en condiciones muy específicas, y mucho menos ser presidente del país. Independientemente de las críticas a la iniciativa de Bathily y sus deficiencias, la mayoría de los libios quieren elecciones presidenciales y legislativas concurrentes este año. Siguen enfadados por el aplazamiento indefinido de las elecciones de 2021. Al mismo tiempo, ambas cámaras están resentidas por la mayoría de los libios, ya que han sobrepasado su mandato: la HCS fue elegida hace diez años, mientras que la HoR fue elegida en 2014. No sólo su legitimidad se ha erosionado desde hace tiempo, sino que, en la mente de los libios, también están asociadas a la corrupción, el nepotismo y la malversación de fondos públicos. En las próximas elecciones, es probable que la mayoría de los actuales miembros de ambas cámaras sean derrotados. Si el repentino acuerdo entre la Cámara de Representantes y la HCS es o no una trampa para el enviado de la ONU o un esfuerzo sincero por poner fin al largo periodo de transición en Libia, lo sabremos cuando se fije la fecha de las elecciones. Sin embargo, lo que está claro es que incluso si las elecciones se celebran este verano, como se espera, sólo serán otra fase intermedia de la evolución política en el camino hacia una estructura de poder político estable y abiertamente acordada.

LEER: Los libios siguen insistiendo en celebrar elecciones presidenciales y legislativas simultáneas

Para poner fin a la interminable fase de transición, el país debe aprobar cuanto antes una constitución permanente. La cuestión de la constitución fue planteada recientemente por el actual primer ministro, Abdul Hamid Dbeibeh, quien afirmó que no entregará el poder a menos que la constitución se apruebe primero en un referéndum público. Sabedor de que se trata de una cuestión muy controvertida, Dbeibeh está más interesado en ganar unos años más en el poder que en buscar honestamente que la constitución se apruebe lo antes posible.

Cabe destacar que Bathily, enviado de la ONU, cuenta con el apoyo de potencias extranjeras como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, entre otras; al menos eso es lo que afirma en público. No está nada claro cómo se materializará ese apoyo si la Cámara de Representantes y la HCS acuerdan volver a discrepar y retrasar las elecciones por segunda vez. Muchos dentro de Libia piden a la "comunidad internacional" que aplique las resoluciones de la ONU ya adoptadas para sancionar a todas las instituciones e individuos que obstruyan el proceso electoral, sean libios o extranjeros. Sin embargo, es muy poco probable que esto ocurra.

Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor y no reflejan necesariamente la política editorial de Monitor de Oriente.