El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, violó la ley al decir que se implicaría personalmente en un plan de reforma judicial, según ha declarado hoy el fiscal general, informa Reuters.
Ante la intensificación de las protestas contra los cambios propuestos, Netanyahu dijo ayer que dejaba de lado cualquier otra consideración y que haría "lo que fuera necesario" para alcanzar una solución.
Netanyahu, que está siendo juzgado por cargos de corrupción que él niega, dijo que tenía las manos atadas, pero que una ley modificada ayer para limitar las circunstancias en las que un primer ministro puede ser destituido le daba más margen de maniobra.
Sin embargo, el fiscal general Gali Baharav-Miara, en una carta dirigida a Netanyahu, discrepó.
"La situación legal es clara: debe abstenerse de cualquier participación en iniciativas para cambiar el poder judicial, incluida la composición del comité para el nombramiento de jueces, ya que dicha actividad supone un conflicto de intereses".
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"Su declaración de anoche y cualquier acción que emprenda en violación de este asunto es ilegal y está viciada por un conflicto de intereses", dijo Baharav-Miara.
La carta seguía a las advertencias anteriores de Baharav-Miara de que Netanyahu debía mantenerse al margen de la propuesta de su coalición para una revisión judicial debido a lo que ella consideraba un conflicto de intereses derivado de sus juicios.
En un mensaje distribuido por el partido gobernante, el Likud, una fuente anónima cercana a Netanyahu negó que el primer ministro hubiera violado ninguna ley o acuerdo de conflicto de intereses en su declaración y dijo que no tenía repercusiones en sus asuntos personales.
La fuente dijo que incumbía al primer ministro intentar alcanzar un amplio consenso en un momento de crisis nacional que tenía repercusiones para el país tanto en el interior como en el exterior.
La coalición religioso-nacionalista de Netanyahu ha estado promoviendo cambios en el poder judicial que darían al gobierno influencia en la elección de jueces y limitarían el poder del Tribunal Supremo para revocar leyes.
Sus defensores afirman que el plan frenaría la extralimitación del Tribunal Supremo y restablecería el equilibrio entre los poderes del Estado. Los críticos afirman que debilitaría los tribunales, pondría en peligro las libertades civiles y perjudicaría la economía.
El plan propuesto ha desencadenado semanas de protestas en todo el país y suscitado preocupación entre los aliados occidentales del país.
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