Los polémicos cambios judiciales propuestos por el gobierno israelí han causado divisiones en el seno del partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu, informaron el domingo los medios de comunicación locales, informa Anadolu.
En Israel se han producido protestas masivas en los últimos tres meses contra los planes del gobierno israelí de llevar a cabo reformas judiciales.
Mientras Netanyahu insiste en que las reformas mejorarán la democracia, la oposición las considera un intento de reducir los poderes de la autoridad judicial en favor del ejecutivo.
El sábado, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, miembro del Likud, pidió al gobierno que detuviera la reforma judicial, en un duro golpe a los planes de Netanyahu.
El Partido Likud es el mayor bloque de la Knesset (Parlamento israelí), con 32 miembros en la asamblea de 120 escaños.
El miembro del Likud Yuli Edelstein, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset, pidió que se frenaran los planes de reforma.
"La mayoría del pueblo quiere y comprende la necesidad de cambios en el sistema judicial, pero esto debe hacerse con paciencia, diálogo y un amplio discurso para alcanzar un amplio consenso", dijo según el diario Yedioth Ahronoth.
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El ministro de Agricultura, Avi Dichter, también pidió suspender los planes judiciales durante un mes para evitar una fractura sin precedentes en la sociedad.
El MK David Bitan también fue uno de los miembros del Likud que pidió a Netanyahu que detuviera temporalmente sus planes de reforma judicial.
Los partidarios de las reformas, sin embargo, han pedido el despido de cualquier miembro que se oponga a los planes.
Ofir Kats, alto miembro del Likud, dijo que quien no vote a favor de la reforma judicial "habrá terminado su carrera en el Likud".
Dijo al Canal 14 israelí que el ministro de Defensa del país se equivocaba al pedir una pausa en los planes.
Los cambios previstos limitarían drásticamente el poder del Tribunal Supremo de Justicia, otorgarían al gobierno la facultad de elegir a los jueces y pondrían fin al nombramiento de asesores jurídicos de los ministerios por parte del fiscal general.
De promulgarse, las reformas constituirían los cambios más radicales jamás introducidos en el sistema de gobierno israelí.
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