Dada la lentitud y selectividad de las investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra en Palestina y Afganistán, la rápida orden de la Corte Penal Internacional de juzgar al presidente ruso Vladimir Putin por presuntos crímenes en Ucrania hace temer que se convierta en una institución partidista. Con sede en La Haya, la CPI es un tribunal independiente y permanente para crímenes de guerra. Sucedió a los tribunales ad hoc de la ONU que se ocuparon del genocidio de Ruanda en la década de 1990 y de los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia. Es el único organismo internacional con autoridad para procesar a personas por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Enjuicia a personas, no a países, cuando un Estado miembro no quiere o no puede hacerlo por sí mismo.
El 1 de enero de 2015, Palestina presentó una declaración ante la CPI por presuntos crímenes cometidos por las fuerzas armadas israelíes desde el 13 de junio de 2014 en el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Este. Las acusaciones incluyen ataques desproporcionados y asesinatos deliberados de civiles durante la ofensiva de Gaza de 2014, cuando fuerzas blindadas israelíes irrumpieron en el enclave densamente urbanizado. A pesar de que los ataques israelíes han continuado y, más recientemente, han aumentado en número rápidamente, la investigación de la CPI no ha avanzado con ninguna acción significativa. Cabe destacar que la CPI también se aseguró de investigar si Hamás, que es el gobierno de facto en Gaza, y otras facciones armadas palestinas llevaron a cabo ataques intencionados contra civiles con cohetes lanzados contra Israel, así como torturas y homicidios de palestinos por parte de los servicios de seguridad palestinos.
Asimismo, durante más de una década se llevó a cabo una investigación preliminar sobre los crímenes cometidos en Afganistán antes de que se autorizara una investigación completa, que incluyó crímenes cometidos por todas las partes en conflicto. Esta investigación supuso la primera vez que la CPI investigaba crímenes cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán, entre ellos ejecuciones extrajudiciales, ataques con aviones no tripulados que mataron a un número incalculable de civiles y torturas. La investigación fue suspendida entonces por la Sala de Cuestiones Preliminares alegando el "clima político" y "la necesidad de que la Corte utilice sus recursos dando prioridad a actividades que tengan más posibilidades de éxito".
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Tras la apelación de los fiscales de la CPI y los representantes de las víctimas, las salas de apelaciones de la CPI autorizaron una investigación formal en Afganistán el 5 de marzo de 2020. En respuesta, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva condenando a la CPI, y el 2 de septiembre de 2020 impuso sanciones a la fiscal de la CPI Fatou Bensouda y a otro alto funcionario de la fiscalía, Phakiso Mochochoko. Además, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció restricciones a la emisión de visados para ciertas personas no identificadas "involucradas en los esfuerzos de la CPI para investigar al personal estadounidense." Esto siguió a una serie de otras medidas del gobierno estadounidense contra el funcionario de la CPI implicado en esta investigación.
El abogado británico Karim Ahmad Khan KC sustituyó a Bensouda como fiscal de la CPI en 2021. Ha "despriorizado" la investigación de los crímenes de guerra de Estados Unidos y ha dado prioridad a la investigación de los presuntamente cometidos por los talibanes y otras partes.
Comparemos esto con la investigación de los presuntos crímenes de guerra rusos en Ucrania. El 28 de febrero de 2022, sólo cuatro días después de que Rusia invadiera su país vecino, el fiscal de la CPI anunció que solicitaría autorización para abrir una investigación sobre la situación en Ucrania, basándose en las conclusiones anteriores de la Fiscalía derivadas de su examen preliminar. El 2 de marzo de 2022, un día después de la remisión formal por parte de los Estados miembros de la CPI, el fiscal anunció que había procedido a abrir una investigación sobre la situación en Ucrania. Moviéndose a la velocidad del rayo, el 17 de marzo -hace diez días- la CPI emitió órdenes de detención contra Vladimir Putin y otro ciudadano ruso citando "motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del de traslado ilegal de población (niños) desde las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de niños ucranianos".
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Según Kiev, miles de niños ucranianos han sido llevados a Rusia desde el comienzo de la guerra, el 24 de febrero de 2022, y muchos de ellos supuestamente colocados en instituciones y hogares de acogida. Rusia, por su parte, acusó a la ONU de "retirarse cada vez más de una postura imparcial en relación con los acontecimientos en Ucrania", y señaló con sarcasmo que "no se nota el bombardeo de las Fuerzas Armadas ucranianas. Nadie quiere ver a los civiles que murieron, que resultaron heridos, no están ahí. Simplemente están oscurecidos del campo de la información y, en consecuencia, de la conciencia". En junio de 2022, el ejército ucraniano habría bombardeado intensamente varias ciudades de Donbass (Donetsk, Gorlovka, Makeyevka, Stakhanov) en pleno día, causando numerosas víctimas entre la población civil
La iniciativa de la CPI de investigar los crímenes de guerra en Ucrania es magnífica, pero para promover el respeto del derecho internacional y su propia credibilidad como institución independiente e imparcial, la Corte debe garantizar la igualdad de trato investigando a todas las partes implicadas en conflictos armados para que ningún crimen de guerra quede impune. El enfoque selectivo de la CPI hacia determinadas víctimas y su aparente falta de voluntad para investigar a ciertos autores poderosos y preferidos socava su credibilidad y sus objetivos en la lucha contra la impunidad y el establecimiento del Estado de derecho.
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