El Parlamento israelí, la Knesset, aprobó anoche una ley temporal que permite a los agentes de policía realizar registros domiciliarios en busca de armas ilegales sin orden judicial, especialmente en las comunidades árabes, según ha informado Haaretz. El objetivo es "reducir el número de armas ilegales utilizadas por organizaciones criminales proporcionando herramientas a la policía israelí y a otras autoridades encargadas de hacer cumplir la ley".
Según Haaretz, la ley temporal estará en vigor durante un año. Fue presentada por diputados de los partidos de la coalición y de la oposición, incluidos los seis miembros del opositor Yisrael Beiteinu.
La ley permite a la policía de ocupación entrar y registrar edificios sin orden judicial, aunque deberá obtenerse el permiso de un oficial con rango de superintendente o superior. Esto se documentará de acuerdo con los procedimientos policiales habituales.
También estipula penas de prisión de hasta 10 años y multas para quienes sean sorprendidos con armas ilegales o partes esenciales de un arma. También se confiscarán las armas a quienes sean declarados culpables de "fabricar, importar o exportar armas ilegales".
La medida sigue a una ley similar propuesta en 2021 por el ex ministro de Justicia israelí Gideon Sa'ar, que sólo fue aprobada en la primera votación de la Knesset.
Defensores de los derechos humanos han criticado la nueva ley, advirtiendo que podría "perjudicar a la sociedad árabe." Del mismo modo, la Lista Conjunta -una alianza política de partidos políticos de mayoría árabe en Israel- calificó la ley de "peligrosa", añadiendo que "otorga a la policía y al ejército israelíes plenos poderes para irrumpir en los hogares sin una orden judicial".
Los ciudadanos árabes israelíes constituyen el 20% de la población del país. Creen que las autoridades ignoran a propósito el aumento de los índices de delincuencia en su comunidad. De hecho, los líderes de la comunidad árabe en Israel acusan a la policía de ser responsable de la propagación de la delincuencia dentro de la comunidad, acusándoles de "hacer la vista gorda ante las quejas de los residentes."
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