El ejército sudanés ha advertido del riesgo de un enfrentamiento con las Fuerzas de Apoyo Rápido paramilitares, lo que pone en peligro un acuerdo pendiente para restaurar el gobierno civil en Sudán. La lucha por el poder en Sudán en los últimos años ha sido tumultuosa. En 2019, unos generales militares derrocaron al autócrata Omar Al-Bashir, quien había gobernado durante casi tres décadas, en medio de un levantamiento popular. Los militares aceptaron compartir el poder con los civiles antes de las elecciones en virtud de un acuerdo de agosto de 2019, que fue interrumpido por un golpe de Estado en 2021. Desde la independencia de Sudán en 1956, el ejército ha sido una fuerza dominante en el país, protagonizando golpes de Estado, guerras internas y amasando posesiones económicas. Durante el acuerdo de reparto de poder de 2019-21, la desconfianza entre las partes militar y civil era profunda. La parte civil obtuvo la legitimidad de un resistente movimiento de protesta y el apoyo de partes de la comunidad internacional.
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El ejército contaba con el apoyo interno de facciones rebeldes que se beneficiaron de un acuerdo de paz en 2020 y de veteranos del gobierno de Bashir, que volvieron a la función pública tras el golpe.
El golpe devolvió el mando al ejército, pero éste tuvo que hacer frente a manifestaciones semanales, un nuevo aislamiento y un agravamiento de sus problemas económicos.
El general Mohamed Hamdan Dagalo, jefe de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y líder adjunto del Consejo gobernante de Sudán desde 2019, ha pasado a apoyar el plan para una nueva transición, haciendo aflorar las tensiones con el jefe del Consejo gobernante y jefe del Ejército, Abdel Fattah Al-Burhan.
¿Cuáles son las líneas de falla? Una de las principales causas de tensión desde el levantamiento es la exigencia de los civiles de obtener la supervisión de los militares y ver la integración de la poderosa RSF en el ejército regular.
Los civiles también han reclamado el traspaso de las lucrativas participaciones militares en la agricultura, el comercio y otras industrias, una fuente crucial de poder para un ejército que a menudo ha subcontratado la acción militar a las milicias regionales.
Otro punto de discordia es la búsqueda de justicia por las acusaciones de crímenes de guerra cometidos por el ejército y sus aliados en el conflicto de Darfur desde 2003. La Corte Penal Internacional (CPI) busca juicios para Bashir y otros sospechosos sudaneses.
También se busca justicia por los asesinatos de manifestantes prodemocráticos el 3 de junio de 2019, en los que están implicadas fuerzas militares. Activistas y grupos civiles se han mostrado indignados por los retrasos en una investigación oficial. Además, quieren justicia para al menos 125 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad en protestas desde el golpe.
¿Y la economía? El empeoramiento de la crisis económica, que provocó la caída de la moneda y la frecuente escasez de pan y combustible, fue uno de los principales detonantes de la caída de Bashir.
El gobierno de transición de 2019-21 aplicó duras y rápidas reformas supervisadas por el Fondo Monetario Internacional en un intento exitoso de aliviar la deuda y atraer financiación extranjera.
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Pero miles de millones de dólares en ayuda internacional y alivio de la deuda quedaron congelados tras el golpe de 2021, paralizando proyectos de desarrollo, tensando el presupuesto nacional y empeorando una situación humanitaria ya de por sí grave.
Sudán, situado en una región fronteriza con el Mar Rojo, el Sahel y el Cuerno de África, enfrenta un entorno regional volátil que ha complicado la transición hacia la democracia. Varios de sus vecinos, como Etiopía, Chad y Sudán del Sur, se han visto afectados por conflictos y agitaciones políticas. La relación entre Sudán y Etiopía se ha tensado debido a las tierras de cultivo en disputa a lo largo de la frontera, el conflicto en la región de Tigray que ha llevado a decenas de miles de refugiados a Sudán y la presa del Gran Renacimiento Etíope.
Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, importantes actores regionales, ven en la transición sudanesa una oportunidad para contrarrestar la influencia islamista en la región. Junto con Estados Unidos y Gran Bretaña, forman la "Cuadrilateral" que ha patrocinado la mediación en Sudán, en colaboración con las Naciones Unidas y la Unión Africana. Las potencias occidentales temen la posibilidad de una base rusa en el Mar Rojo, una opción que ha sido considerada por los líderes militares sudaneses.
Egipto, con profundas conexiones históricas con Sudán y una estrecha relación con sus militares, ha buscado una vía alternativa con los grupos que apoyaron el golpe.
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