En 2021 y 2022, Israel atacó a las organizaciones no gubernamentales palestinas de defensa de los derechos, lo que llevó a la Autoridad Palestina (AP) a emprender su propia campaña de explotación. Un titular de la agencia de noticias Wafa en 2021 decía: "En muestra de solidaridad, el presidente Abbas se reúne con organizaciones de la sociedad civil palestina atacadas por Israel". La persecución de las ONG palestinas por parte de Israel, incluyendo la designación por parte del ex ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, de seis organizaciones como "terroristas" sin pruebas, permitió que la AP, por un breve momento, fingiera que defendía una causa que iba en contra de su autoritarismo. Sin embargo, la construcción ilusoria del Estado requiere sus propios trucos, hasta que llega el momento de disolver la breve fachada y adoptar una postura contraria a los derechos humanos, como es la afición de la AP.
En 2021, el líder de la AP, Mahmud Abbas, declaró: "Todos apoyamos a estas instituciones nacionales que cumplen con su deber de denunciar los crímenes de la ocupación y exponerlos al mundo". Por lo tanto, la negativa de la AP a renovar el registro de la organización palestina Abogados por la Justicia, que defiende a los palestinos perseguidos por la AP y sus servicios de seguridad, es lógica, ya que la AP no quiere que sus crímenes contra los palestinos salgan a la luz en todo el mundo.
Según Human Rights Watch, los servicios de inteligencia de la AP alegan que Abogados por la Justicia aceptó financiación extranjera y realizó actividades sin ánimo de lucro. Si no se renueva su registro, la organización puede perder el acceso a sus locales y fondos. No sorprende que las objeciones de la AP a la renovación del registro de la organización coincidan con la creciente unificación del pueblo palestino y su resistencia anticolonial. Gran parte del trabajo de Abogados por la Justicia se centra en las violaciones de la AP contra los civiles palestinos, una realidad que quedaría oculta si no fuera por organizaciones específicas que asumen esta tarea. A pesar de que las violaciones del derecho internacional por parte de Israel son más destacadas, la AP colabora con Israel y se beneficia a cambio. No podría mantener su dominio sin el respaldo israelí y extranjero, suficiente para mantenerla a flote e impedir que surja un liderazgo elegido democráticamente.
La Autoridad Palestina busca diferenciar entre las violaciones israelíes y las propias, con el único propósito de ganar puntos en su ilusión de construcción del Estado. Sin embargo, esta distinción no se aplica a las violaciones cometidas por su propia entidad, a pesar de que la AP ha demostrado la magnitud de su violencia cuando los servicios de seguridad mataron a Nizar Banat en junio de 2021.
A medida que la AP intenta aferrarse a su fachada como la única representación política posible, no sólo en relación con Hamás, sino con los palestinos cuyo pensamiento político no está necesariamente vinculado a las facciones más destacadas, expone cada vez más su propia violencia. Al obstaculizar la renovación del registro de Abogados por la Justicia, la AP demuestra lo mucho que los palestinos necesitan ser protegidos de sus propias acciones. Mientras la AP busca protección internacional contra Israel, sabiendo que la comunidad internacional no se la concederá, los palestinos son oprimidos diariamente por Abbas y los servicios de seguridad, sin que ninguna entidad política les ofrezca protección contra la violencia interna.
Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor y no reflejan necesariamente la política editorial de Monitor de Oriente.
A menos que se indique lo contrario en el artículo, este trabajo de Middle East Monitor/Monitor de Oriente está bajo licencia Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Si la(s) imagen(es) lleva(n) nuestro crédito, esta licencia también se aplica a ellos. ¿Qué significa esto? Para otros permisos por favor contáctenos. 
