Se está proponiendo un nuevo proyecto de ley que otorgará a Israel poderes para ampliar su represión contra los grupos de derechos humanos. El Comité Ministerial de Legislación presentará el domingo un plan para imponer un impuesto sobre el 65% de las donaciones extranjeras a grupos humanitarios y de derechos humanos israelíes y palestinos.
El proyecto de ley cumple una de las promesas hechas al partido de extrema derecha Otzma Yehudit, del ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, por el primer ministro Benjamin Netanyahu como parte de su acuerdo de coalición a finales del año pasado. Los abogados advirtieron entonces contra el plan y afirmaron que la medida era similar a otras adoptadas contra organizaciones de derechos humanos en países no democráticos. Según el acuerdo, el gobierno aprobará la ley 180 días después de su toma de posesión.
Si se aprueba, como se cree probable, el nuevo impuesto tendrá graves consecuencias para los grupos de derechos humanos y las ONG. Algunas de las organizaciones de derechos más destacadas y conocidas de Israel, como Rompiendo el Silencio, B'Tselem, Paz Ahora y Yesh Din, dependen de la financiación extranjera procedente de la Unión Europea y Estados Unidos. En 2021, B'Tselem se unió a otros importantes grupos de derechos humanos para calificar a Israel de Estado de apartheid.
Michael Sfard, asesor jurídico de Yesh Din, organización que actúa para proteger los derechos de los palestinos en Cisjordania, advirtió en diciembre contra el proyecto de ley: "Si se aprueba esta sección, será un golpe fatal para la comunidad de derechos humanos en Israel. Se trata de una medida similar a las adoptadas contra las organizaciones de derechos humanos en países no democráticos como Polonia, Hungría y Rusia. La inspiración viene de [Vladimir] Putin y [Victor] Orban".
Sfard explicó que el proyecto de ley pretende paralizar las actividades de los grupos que critican las políticas israelíes dirigidas contra los palestinos. Añadió que la medida del gobierno israelí de extrema derecha no perjudicará a organizaciones derechistas como Kohelet y Elad porque, a diferencia de los grupos de derechos humanos, la mayoría de las donaciones que reciben del extranjero proceden de particulares y organismos cuyos intereses, en general, no están relacionados con la promoción de la democracia y los derechos humanos.
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Al parecer, Estados Unidos ha transmitido su firme oposición a la legislación. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, declaró ayer que EE.UU. "apoya el papel central de las ONG como parte de la sociedad civil", que son "fundamentales para un gobierno democrático, transparente y receptivo".
El embajador de Alemania en Israel, Steffen Seibert, dijo hoy en Twitter que el proyecto de ley "es un asunto de grave preocupación para nosotros y para muchos de los socios internacionales de Israel". Añadió que Alemania tiene intención de "seguir planteando la cuestión a nuestros amigos israelíes".
El proyecto de ley también ha sido denunciado por la Embajada de Francia. Según un portavoz, la legislación es "profundamente preocupante" y subraya el "papel fundamental de la sociedad civil en la vida de toda democracia".
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