Alrededor de 14 millones de sirios se enfrentan a importantes obstáculos que les impiden regresar a sus hogares en Siria debido a la confiscación de tierras y propiedades por parte del régimen durante la última década, según ha revelado un nuevo informe.
Según un informe de la Red Siria para los Derechos Humanos (SOHR, por sus siglas en inglés), con sede en Reino Unido, compartido con el periódico The Guardian, las leyes sobre propiedad en Siria aprobadas por su asamblea o por orden ejecutiva del gobierno han permitido la incautación sin precedentes por parte del régimen de tierras y propiedades pertenecientes a ciudadanos desplazados o huidos del país.
Como resultado de un estudio de un año de duración sobre las leyes aprobadas por el régimen antes y después del inicio de la revolución siria en 2011, el informe destaca leyes como el decreto n.º 66, aprobado en 2012 y dirigido contra bastiones de la oposición mediante el frente de reurbanización de asentamientos informales en toda la capital, Damasco.
Posteriormente, en 2015, se aprobó el decreto n.º 23 -denominado ley de planificación y desarrollo urbano-, que otorgaba poder a las autoridades locales, como municipios y gobernaciones, para detraer terrenos de propiedades privadas situadas fuera de determinadas áreas de zonificación, sin cargo ni indemnización alguna.
Luego, en 2018, una nueva ley permitió al régimen ampliar el mencionado régimen de zonas de desarrollo de Damasco a todo el país, dando a los propietarios de todo el país solo 30 días para apelar contra la confiscación de sus propiedades demostrando su propiedad. Sin embargo, la ley fue modificada ese mismo año a raíz de las protestas.
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"La gente tiene miedo de volver porque, aunque tengan documentación o acceso a los registros civiles para demostrar que son propietarios de un inmueble, se han aprobado múltiples leyes que les dejan sin derechos y, en la práctica, sin compensación", ha declarado Fadel Abdul Ghany, director ejecutivo de SOHR. "Las leyes se están utilizando como carta blanca para que el régimen sirio se apodere de todas las zonas estratégicas e importantes de Siria".
Aclaró que esas leyes instituidas por el régimen de Bashar al-Assad afectan directamente a las familias de los 500.000 civiles sirios asesinados principalmente por las fuerzas sirias y aliadas pero aún no registrados como muertos, junto a los 115.000 desaparecidos forzosos y los 12,3 millones de desplazados internos dentro de Siria y los que han huido del país.
El informe llega en medio de los esfuerzos de países de la región -como los vecinos Líbano y Turquía- por deportar o presionar a los refugiados sirios para que abandonen el país y regresen a Siria. Aparte de los peligros más obvios de arresto, detención, tortura o muerte a manos de los servicios de seguridad sirios, los retornados se enfrentarán cada vez más a la pérdida de sus propiedades, hogares y tierras.
Muchas de esas leyes establecidas por el régimen de Assad tendrían que reformarse o refundirse, según Ghany y el informe, para ofrecer a los retornados y sus familias una vía para superar esos obstáculos legales y reclamar sus propiedades.
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