La esperada vuelta de Turquía a las políticas económicas ortodoxas puede no bastar para garantizar inversiones internacionales duraderas, pues aún es necesario restablecer la previsibilidad y el Estado de Derecho para generar confianza, afirman los analistas.
Aunque unos tipos de interés más altos deberían atraer de nuevo a algunos inversores extranjeros hacia los activos turcos, los analistas afirman que sólo cambios fundamentales en el cumplimiento de la ley aportarán la estabilidad, responsabilidad y transparencia necesarias para tranquilizar a los inversores.
Una semana después de ganar la reelección, el Presidente Tayyip Erdogan nombró a un nuevo Ministro de Finanzas, Mehmet Simsek, para dar un giro respecto a algunas de sus anteriores políticas poco ortodoxas, que dispararon la inflación y hundieron la lira. Simsek fue muy apreciado por los mercados financieros cuando ocupó el mismo cargo anteriormente.
Sin embargo, tras años de legislación impredecible y lo que los críticos califican de erosión de las libertades bajo un sistema presidencialista, y dado que no se espera que Erdogan realice reformas fundamentales, es poco probable que Turquía experimente un cambio radical en el sentimiento de los inversores.
"Para que esto sea permanente, no debe depender sólo de las personas, sino del respeto del Estado de derecho", afirmó Mehmet Gun, presidente de la Asociación para una Justicia Mejor.
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"Tenemos que reforzar la infraestructura jurídica para garantizar que la nueva persona que (en el futuro) sustituya a Simsek tome las decisiones correctas. Tenemos que limitar los poderes del Presidente".
Gun, abogado, puso como ejemplo la decisión de Turquía en 2021 de abandonar el Convenio de Estambul, un tratado internacional contra la violencia de género. Eso "dio un mensaje a los mercados internacionales de que cualquier acuerdo internacional puede ser anulado de forma arbitraria por decreto presidencial", dijo.
Los turcos adoptaron un gobierno presidencial centralizado en un referéndum celebrado en 2017, dejando amplios poderes en manos de Erdogan, un sistema que, según el gobierno, permite elaborar normas eficientes y claras.
Ahora, las empresas deben adaptarse a normas y reglamentos a veces radicales en materia de impuestos, préstamos, zonificación y comercio que se publican a diario en el Boletín Oficial del Presidente.
Según el Banco Mundial, Turquía forma parte de un grupo de países que publican proyectos de normativa y solicitan la opinión de las partes interesadas, pero no informan de los resultados de las consultas.
Orhan Turan, presidente de la principal asociación empresarial de Turquía, TUSIAD, declaró en una conferencia celebrada en marzo que el país debe fortalecer sus relaciones con los aliados occidentales reforzando el Estado de derecho y un poder judicial independiente
Daños percibidos Erdogan obtuvo un mandato para prolongar su gobierno cada vez más autocrático durante una tercera década en la segunda vuelta del 28 de mayo, en la que recibió más del 52% de los votos.
En su discurso postelectoral, dijo: "Estamos diseñando una administración financiera de reputación internacional y una economía productiva orientada a la inversión y el empleo".
Dos altos cargos del partido gobernante, el AKP, afirmaron que, en parte para tranquilizar a los inversores extranjeros, es fundamental impulsar las reformas judiciales, y que el nuevo gabinete anunciará pronto medidas para reparar los "daños percibidos" en el sistema judicial.
"Está claro que, para garantizar la confianza económica, la coherencia jurídica es imprescindible", declaró uno de los altos cargos.
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Los defensores de los derechos humanos y la oposición política afirman que, en ocasiones, el AKP ha utilizado el sistema judicial para castigar a la disidencia, acusación que niegan las autoridades.
Turquía no ha cumplido varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre ellas la decisión de éste de poner en libertad al filántropo Osman Kavala, cuya detención viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Kavala, de 65 años, fue encarcelado de por vida sin libertad condicional tras ser declarado culpable de intentar derrocar al gobierno financiando las protestas de Gezi de 2013, algo que él niega.
Serafettin Can Atalay, diputado recién elegido, sigue detenido por cargos similares. Deniz Ozen, abogado del parlamentario del Partido de los Trabajadores Turcos, afirmó que las autoridades están violando la legislación turca al mantenerlo en prisión.
Emma Sinclair-Webb, directora para Turquía de Human Rights Watch, afirmó que un sistema judicial desacreditado es motivo de preocupación, especialmente para los inversores europeos.
"Sin una prensa libre, sin tribunales independientes, el clima para las inversiones es generalmente negativo", afirmó.
La influencia de Erdogan Con las reservas de divisas muy mermadas y la lira tocando mínimos históricos, el nombramiento de Simsek ha aumentado las expectativas de que las autoridades relajen los controles sobre los mercados de divisas, crédito y deuda.
Para reforzar el aparente giro de 180 grados, Erdogan nombró el viernes a Hafize Gaye Erkan Gobernador del Banco Central, allanando el camino para la subida de los tipos de interés.
Sin embargo, a largo plazo, según los analistas, la influencia de Erdogan sobre entidades ostensiblemente autónomas como el Banco Central mantendrá a raya la inversión extranjera directa (IED).
Los datos del Ministerio de Finanzas muestran que la IED fue de unos 13.100 millones de dólares el año pasado, una cifra superior a la de hace cinco años, pero aproximadamente en línea con la de 2021.
Howard Eissenstat, profesor asociado de Historia y Política de Oriente Medio en la Universidad de St. Lawrence, afirmó que es improbable un aumento sustancial de la IED a menos que Turquía lleve a cabo reformas fundamentales que aborden problemas clave como la corrupción.
"Sean cuales sean las reformas económicas, la inversión no aumentará significativamente", afirmó.
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