Los gobiernos y regímenes de todo el mundo no han sido ajenos al uso de los estupefacientes como principal fuente de ingresos. Más recientemente, durante esta era de sanciones, esa práctica ha sido una táctica eficaz para eludir tales medidas.
Entidades y figuras de Estados aislados como Venezuela e Irán representan ejemplos clave de este fenómeno, utilizando algún nivel de conexión gubernamental o militar directa con el tráfico de estupefacientes desde sus territorios.
Siria se ha convertido en la incorporación más reciente, en medio de la producción y el tráfico masivos de captagon por parte del régimen de Assad en toda la región de Oriente Medio, convirtiendo de hecho al país en el principal narcoestado del mundo.
Sin embargo, pocas veces un país y su gobierno han conseguido de forma voluntaria y eficaz -especialmente sin la presión de los países occidentales, las organizaciones de derechos humanos y las ONG- abolir por completo la producción de estupefacientes en su territorio y frenar su extendido comercio más allá de sus fronteras. Eso fue hasta que el gobierno talibán de Afganistán se puso en camino de conseguir precisamente eso.
A principios de junio, las imágenes por satélite publicadas por Alcis, una organización especializada en la recopilación y el análisis de datos geoespaciales, revelaron que el cultivo de opio en Afganistán se había reducido en un 80% en todo el país y en un 99% en la principal zona de cultivo, Helmand, desde el año pasado.
Unprecedented reduction of opium poppies growing in Afghanistan. Using satellite imagery and machine learning we see an 80% reduction across the country and 99% in Helmand. https://t.co/tHk9my8wg8 pic.twitter.com/oeU2F4thXM
— AlcisGeo (@AlcisGeo) June 6, 2023
Las imágenes mostraban hasta qué punto el crecimiento de la adormidera había sido sustituido por trigo y otros cultivos, lo que representa el éxito de la prohibición talibán del opio y su derivado, la heroína, así como la eficacia de su campaña para suprimir su cultivo, antes en auge y que había suministrado el 80% de la producción mundial total de opio.
Esta evolución fue confirmada por Hafiz Zia Ahmad, portavoz adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores de Afganistán, que elogió el decreto del líder supremo talibán y afirmó que "el 56,2% de las tierras de la provincia de Helmand estaban cultivadas con adormidera en 2020, mientras que se ha reducido al 0,4% en 2023; en realidad, es mucho menor".
A pesar de ese éxito, varias instituciones, grupos de reflexión y medios de comunicación occidentales no se han hecho eco de ningún elogio y, en su lugar, han publicado informes de condena. En un artículo publicado por el Instituto de la Paz de Estados Unidos, se refería a la exitosa prohibición del opio por parte de los talibanes como "mala para los afganos y para el mundo", y en otro artículo del Wall Street Journal (WSJ) se afirmaba que la represión "acumula presión sobre [la] espiral de la economía afgana".
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Más allá de los títulos provocadores y exagerados, los puntos expuestos en esos artículos por sus respectivos autores -el economista y ex asesor del Banco Mundial William Byrd, y la corresponsal Sune Engel Rasmussen- son en gran medida comprensibles y correctos en sus preocupaciones hasta cierto punto. Los "enormes costes económicos y humanitarios para los afganos" que han dependido del cultivo de la adormidera como principal fuente de sustento son muy reales, y el resultado potencial en una nueva salida de refugiados del país puede tener lugar a una escala desconocida.
También se ha señalado la posibilidad de que se produzcan resentimientos internos en el seno de los talibanes, ya que se ha informado de que el movimiento y sus miembros -como todos los grupos y facciones de Afganistán a lo largo de las décadas- utilizan la producción y el tráfico de opio como fuente de ingresos necesarios, y la idea de que la ofensiva contra el opio tenga un impacto duradero en la lucha contra los estupefacientes también es objeto de escepticismo.
La razón de tales preocupaciones es el hecho de que Afganistán atraviesa actualmente una grave crisis económica que los talibanes tuvieron la desgracia de heredar cuando tomaron el poder hace dos años. Además, la sequía sigue infligiendo al país una crisis alimentaria que apenas se ve aliviada por la ayuda humanitaria.
Y lo que es más importante, hay pocas alternativas disponibles y ofrecidas a los agricultores afganos que han dependido durante mucho tiempo del cultivo del opio, un cultivo resistente que casualmente es resistente a la sequía y fácil de mantener. Las pocas alternativas que existen consisten principalmente en trigo, huertos frutales, hortalizas y viñedos.
Sin embargo, lo que no hacen esos artículos e informes de los medios de comunicación y grupos de reflexión occidentales es ofrecer soluciones viables a la administración talibán, ni pedir a los gobiernos estadounidense y europeo que presten ayuda a los nuevos gobernantes de Afganistán. Parece que olvidan, después de todo, que al menos 3.500 millones de dólares de las reservas del Banco Central del país permanecen congelados por las potencias occidentales, una herida que cualquier ayuda humanitaria difícilmente remienda.
En lugar de aclamar el acontecimiento como un paso positivo en la lucha de Afganistán contra los narcóticos, los medios de comunicación occidentales siguen sumidos en un apagado desdén por los talibanes. Las viejas enemistades son difíciles de superar, y los crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos por unos y otros en las últimas décadas no son fáciles de olvidar.
Y así lo han hecho algunos en Occidente, como el Representante Especial y Subsecretario Adjunto para Afganistán del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas West, quien declaró que los informes sobre la reducción del opio por parte de los talibanes son "creíbles e importantes". Todos los países de la región y más allá tienen un interés compartido en un Afganistán libre de drogas".
A pesar del reconocimiento de este hecho por parte del funcionario, la actitud negativa de los medios de comunicación y las instituciones occidentales al respecto es abrumadora. Esas mismas fuerzas, irónicamente, habían culpado hace poco a los talibanes de no hacer lo suficiente para combatir el "floreciente" comercio de estupefacientes.
Al mismo tiempo, cualquier esfuerzo del grupo por contrarrestar el comercio y rehabilitar a los drogadictos que se encuentran en las calles de la ciudad fue blanco de esos medios, que acusaron a los talibanes de ser demasiado duros al dar a los adictos "una fuerte dosis de cárcel" y haberlos "detenido a la fuerza".
Si se observan las reacciones de las instituciones, no es absurdo llegar a la conclusión de que se contentarían -o incluso desearían alegremente- ver a Afganistán con una población intoxicada y ebria, y con una economía dependiente casi por completo de los ingresos del opio.
Ésa parece ser su situación preferida, mientras cuentan con la fachada de grupos de interés que propagan su preocupación por el sustento de los campesinos afganos y por el mayor desplome de la economía afgana.
Lo que los Estados y organizaciones occidentales -junto con otros miembros de la comunidad internacional- deberían hacer en su lugar es ayudar al nuevo gobierno de Afganistán a suprimir el tráfico de estupefacientes, proporcionar al país nuevas oportunidades agrícolas, reactivar y potenciar el crecimiento de otros cultivos viables y fructíferos, y ayudar a poner en pie la economía afgana sin necesidad de opio.
Enviar asesores al gobierno, desplegar en el país a expertos en industrias agrícolas e irrigación, transferir fondos para financiar esos proyectos y animar a las ONG y organizaciones a evaluar y ayudar en esos esfuerzos son sólo algunos ejemplos de las medidas que pueden tomarse.
Las naciones occidentales se sintieron más que cómodas adoptando este tipo de iniciativas con fines bélicos y animando a las ONG a enseñar a la población afgana cuestiones relativas al género y la sexualidad; deberían estar igualmente dispuestas a emplear estas iniciativas en aras de la paz y la reconstrucción.
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Dos décadas de presencia de la coalición liderada por Estados Unidos en Afganistán y su apoyo al anterior gobierno no parecieron suficientes para acabar con el cultivo y el tráfico de estupefacientes, pero los talibanes parecen haberlo conseguido en menos de dos años.
Los antiguos enemigos de las potencias occidentales están haciendo el trabajo que las fuerzas de la coalición no pudieron hacer, y lo menos que podrían hacer Estados Unidos y los Estados europeos es apoyarles en ello. En lugar de ello, están reteniendo los activos congelados, ignorando las crisis económicas y humanitarias de Afganistán y culpando al gobierno hasta por un paso positivo.
El portavoz adjunto de los talibanes, Bilal Karimi, estaba en su derecho cuando declaró a la Anadolu Agency de Turquía que "Cumplimos nuestra promesa al mundo y ahora les toca a ellos apoyarnos para proporcionar empleos alternativos a la población local", pidiendo a la comunidad internacional que "dé un paso al frente, cumpla sus promesas y ayude a nuestro pueblo".
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