Un tribunal superior de Egipto ha prohibido a los jueces y fiscales hablar, escribir o aparecer en medios de comunicación impresos, de audio o de vídeo, incluidas todas las plataformas de medios sociales, a título personal o profesional, sea cual sea el tema, ha informado Arabi 21. Se amenaza con medidas disciplinarias si alguien incumple la prohibición, en base a la Ley de la Autoridad Judicial.
Jueces y políticos que han hablado con Arabi 21 han rechazado la decisión de la máxima autoridad judicial, que ahora parece estar bajo el control de las autoridades políticas y de seguridad. La autoridad para nombrar a los altos cargos judiciales está ahora exclusivamente en manos del jefe de la autoridad golpista, Abdel Fattah Al-Sisi.
El régimen de Sisi ha estado interfiriendo en el trabajo de las autoridades judiciales desde el golpe de julio de 2013. La última de estas injerencias ha sido la decisión de añadir un juez militar al Tribunal Constitucional, en una medida sin precedentes que algunos califican de creación de un brazo de los militares dentro del tribunal.
En julio, el jefe de la Autoridad Judicial Militar, Salah Al-Ruwaini, juró su nuevo cargo como vicepresidente del Tribunal Constitucional. Es el primer general de división de las fuerzas armadas que se incorpora al tribunal desde su creación en 1979. El jefe del régimen allanó el camino para este paso sin precedentes en la historia judicial egipcia en 2019, al hacer enmiendas a la ley que permiten la inclusión de oficiales militares en el tribunal civil.
En febrero de 2022, Sisi nombró a un juez copto, el consejero Boulos Fahmy, para dirigir el Tribunal Constitucional Supremo. Era la primera vez que se nombraba a un copto para el cargo, aunque era el cuarto en la lista de candidatos. Algunos consideraron que se trataba de una violación del principio de independencia judicial.
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