La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha calificado las sentencias de muerte dictadas en Egipto contra participantes en las movilizaciones de Rabia al-Adawiya en 2013 como "injustas", señalando que su implementación supondría “una catástrofe para la justicia".
Estas afirmaciones han sido realizadas por Bachelet tras conocerse las sentencias de muerte dictadas contra 75 acusados en el caso conocido como del "Desalojo de la Plaza de Rabia", relativas al lugar donde se concentraron miles de personas en julio de 2013 para protestar contra el golpe de Estado que desalojó a Mohammed Morsi, el primer presidente elegido democráticamente en la historia del país, del poder, aupando al líder militar Abdel Fattah Al-Sisi.
La alta responsable de las Naciones Unidas ha reclamado así a la máxima autoridad de apelación judicial del sistema egipcio, la revocación de estas condenas.
"Si se aplicaran estas sentencias de muerte, ello representaría una auténtica catástrofe para la justicia", dijo Bachelet.
Las organizaciones internacionales de Derechos Humanos ya habían condenado con dureza las sentencias de muerte dictadas por el poder judicial egipcio contra opositores en los últimos años. Amnistía Internacional ha calificado las penas de muerte dictadas en el caso del “Desalojo de la Plaza de Rabia” como "vergonzosas".
Mientras, tribunales egipcios condenaron ayer a otros 47 opositores a cadena perpetua y a 374 a una pena de prisión de 15 años. Por su parte, Osama Muhammad Mursi, hijo del presidente egipcio Muhammad Mursi fue condenado a 10 años junto a a otros 22 acusados. El fotógrafo Mahmoud Abu Zeid Shaukan recibió una condena de 5 años de privación de libertad.
Estas condenas son el primer paso del litigio judicial, ya que los condenados aún tienen derecho a apelar sus condenas ante el tribunal de casación a partir del momento de la publicación de las sentencias.
Mientras, los acusados por este caso del "desmantelamiento de la concentración de protesta de Al-Rabia" siguen presos sin veredicto judicial ni condena firme 5 años después de ocurrir los sucesos de los que se les acusa.
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El caso al que se refieren estas sentencias se remonta a 2013. Mientras el general egipcio Abd al Fatah al Sisi ejecutaba su golpe de Estado contra el presidente democráticamente elegido por el pueblo egipcio Muhammad Mursi, ahora en prisión, decenas de miles de partidarios de éste último se concentraron en la plaza cairota de “Rabia al-Adawiyya” para protestar contra el golpe y en defensa de Mursi y de la democracia egipcia.
Tras unos días, el ejército, junto a paramilitares y mercenarios atacaron la plaza y la desalojaron por la fuerza de las armas, provocando una matanza entre los manifestantes desarmados. El golpe de Estado triunfó y las autoridades golpistas, instaurando una dictadura militar, comenzaron una campaña de represión criticada por los organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos. Entre otras acciones represoras, el régimen “ilegalizó” al partido vinculado a los Hermanos Musulmanes, ganador de las últimas elecciones, y envió al presidente Mursi, elegido por su pueblo como presidente a la cabeza del mismo, y a gran parte de su anterior gobierno, a miles de sus partidarios y opositores de la órbita de otros partidos democráticos a prisión bajo acusaciones como la de “traición” o incluso llegando de las muertes provocadas por ese golpe de Estado promovido por quienes han instaurado el actual régimen.
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Desde entonces, Egipto vive una etapa de censura de la libertad de prensa, asociación y opinión, de represión de los otros derechos civiles y de retroceso democrático que el régimen militar ha intentado recientemente ocultar con la celebración de unas supuestas “elecciones” a las que no pudieron presentarse salvo unos pocos partidos políticos afectos al mismo y que se solventaron sin garantías ni observadores internacionales, con una participación cercana al 25%, y con la “re-elección” como dirigente del país del general Al-Sisi.
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