En febrero, el gobierno egipcio trató de vender un proyecto de ley sobre el estatuto personal con una cláusula por la que los hombres que no informaran a su primera esposa de que se casaban con una segunda serían multados con hasta 50.000 EGP.
A primera vista parecía una sugerencia bastante razonable, pero un examen más detallado demostró que se trataba simplemente de relaciones públicas. El impuesto, de unos 2.000 dólares, debía pagarlo el marido al gobierno.
"¿Cuál es la relación entre el gobierno y el daño que se cometió a la esposa?", se pregunta la defensora del Comité de Justicia, Shaimaa Aboelkhir: "La multa debería ser para la esposa, no para el gobierno".
Cuando a principios de año se publicaron en Youm7 los detalles del proyecto de ley, que es una reelaboración de un proyecto de ley sobre el estatuto personal ya existente, el artículo tuvo que ser retirado debido al número de quejas.
Unas 300 organizaciones que defienden los derechos de la mujer renunciaron a las enmiendas, señalando que se trataba de un nuevo intento del gobierno de marginar a la sociedad civil, ya que se les excluyó del proceso de redacción.
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Las cláusulas fueron analizadas y desmontadas por feministas, eruditos islámicos, ciudadanos de a pie y un gran número de hombres, todos los cuales la rechazaron.
"La ley perpetúa la cultura de la discriminación por razón de género e insulta y rebaja a las mujeres egipcias", afirma Aboelkhir.
El proyecto de ley se ha presentado en la Cámara de Representantes y está pendiente de aprobación. Si se aprueba, cualquier varón de la familia de una mujer tendría derecho a anular su matrimonio en el plazo de un año si se casa sin su consentimiento.
"Aunque ella ame a ese hombre y quiera vivir con él, está completamente privada de su voluntad y no tiene derecho a decidir cuál es su vida o su pareja", afirma Aboelkhir.
Manifestantes egipcias sostienen pancartas y gritan consignas durante una protesta en El Cairo contra el acoso sexual el 12 de febrero de 2013 [KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images].
"También da a los varones de mi familia el derecho a elegir a mi marido y quitarme este derecho", continúa. "Cualquier varón de mi familia puede anular el contrato matrimonial con la excusa de que es desigual. Pienso mucho en no casarme en Egipto o en no hacerlo nunca por culpa de esta ley".
Aboelkhir afirma que el proyecto de ley "prácticamente elimina" a la mujer de las decisiones legales y oficiales relacionadas con sus hijos, y la despoja del poder de decisión sobre su atención sanitaria, su educación y sus viajes.
Si se divorcia, la mujer debe pedir la aprobación de su ex marido antes de viajar fuera de Egipto con sus hijos, aunque él no necesita la aprobación de la madre si tiene la custodia del niño.
"Esa ley trata a las mujeres como si sólo fueran un medio para concebir hijos", dice Sara. El Centro Egipcio para los Derechos de la Mujer ha dicho que incluso las leyes de Arabia Saudí para las mujeres son más progresistas y que reduce a las mujeres a "máquinas de hacer bebés".
Doaa, una traductora egipcia, que es una segunda esposa y está en proceso de solicitar el divorcio, dice que la ley parece dar a la mujer los derechos necesarios al divorciarse, pero al mismo tiempo le quita sus derechos financieros si es ella quien lo inicia.
"No debería renunciar a todos sus derechos si pide el divorcio", dice Doaa, "es injusto. Estoy muy preocupada porque siempre que dicen que la ley hará justicia a las mujeres, ocurre lo contrario."
Doaa dice que cuando aceptó ser segunda esposa, la primera mujer de su marido vino a visitarla al trabajo, pero que no aceptaría que su marido le pidiera permiso para casarse de nuevo.
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"Si lo hiciera, le pediría el divorcio. Está en su derecho de casarse con otra mujer, pero yo también tengo derecho a pedir el divorcio. Su primera mujer lo aceptó, pero yo no lo aceptaría".
Más allá de la situación de la mujer, el proyecto de ley también agrava la discriminación sectaria, dice Aboelkhir, porque no se menciona nada sobre el matrimonio y el divorcio para los no musulmanes. "Esto perpetúa el dominio de las instituciones religiosas sobre la vida civil de los ciudadanos no musulmanes", afirma.
De las 23 entidades estatales que participaron en la elaboración de la ley del estatuto personal, una de ellas fue el Consejo Nacional de la Mujer. A pesar de afirmar que defiende a las mujeres en uno de los regímenes más represivos del mundo, el consejo no es independiente del Estado.
"Los miembros del consejo son elegidos y nombrados por los servicios de seguridad del Estado y son propuestos por la presidencia, que toma las decisiones de sus miembros", explica Aboelkhir. "Así, el consejo trabaja dentro del marco trazado por el Estado, que mira a las mujeres de forma muy conservadora y viola sus derechos en las leyes y en las prácticas cotidianas".
Manifestantes egipcias participan en una marcha contra el acoso sexual en la plaza Talat Harb, el 12 de febrero de 2013 en el centro de El Cairo, Egipto. (Foto de Ed Giles/Getty Images).
A pesar de desempeñar a veces un papel importante, por ejemplo para las víctimas que han sido acosadas, Aboelkhir cree que el consejo ha fallado a todas las mujeres, especialmente a las de la oposición. "El consejo no les ha ofrecido nada y se ha puesto del lado del Estado y de su política represiva de detener a muchas mujeres sólo por tener posiciones contrarias al Estado o a su política".
A principios de este mes, miles de personas acudieron a las redes sociales bajo el hashtag árabe #latutelaesmiderecho para publicar testimonios sobre cómo la actual ley del estatuto personal les ha impedido tomar decisiones por sí mismas o por sus hijos sin la aprobación de un tutor masculino.
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"La campaña en redes sociales fue muy importante y es la razón por la que este proyecto se ha detenido hasta ahora", dice Aboelkhir. "Después de la campaña muchos partidos se apresuraron a negar su responsabilidad en la formulación o preparación, y hasta ahora no se ha revelado el comité que elaboró este proyecto de ley que devuelve a la sociedad a la edad de piedra".
En respuesta a la reacción, el último mes en Egipto ha sido testigo de un intento desesperado del gobierno por tranquilizar al público a través de la prensa estatal de que piensan tratar a hombres y mujeres como iguales. Se han celebrado talleres que pretenden resolver los problemas que se han planteado en respuesta a la ley, mientras que el propio Abdel Fattah Al-Sisi ha dicho que no firmará nada que se considere injusto para las mujeres.
Pero a los defensores de los derechos de las mujeres no les convence un gobierno que se ha jactado de formar un gobierno inclusivo con ministras y que, al mismo tiempo, ha condenado a varias jóvenes a prisión acusadas de "libertinaje" y "violación de los valores familiares" por tener presencia en las redes sociales.
También es un indicio alarmante de que las autoridades no están escuchando las cuestiones planteadas en el movimiento #MeToo de Egipto, que estalló el año pasado tras años de frustración por el trato que reciben las mujeres, con especial atención al acoso sexual y al hecho de que el gobierno no persiga a los autores sino que avergüence a las víctimas.
Una ley tan arcaica como ésta no impedirá que las mujeres exijan sus derechos, afirma Aboelkhir, ya que es dentro de los movimientos de base y fuera de las instituciones estatales donde las mujeres defienden lo que les corresponde: "La valentía de las mujeres es la principal razón del éxito de cualquier mujer, no la "voluntad" del Estado de protegerlas".
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