Amnistía Internacional denunció a las autoridades griegas por la tortura, los malos tratos y la expulsión ilegal de migrantes y refugiados a Turquía.
En un informe titulado "Grecia: Violencia, mentiras y expulsiones", Amnistía informó de que las expulsiones, tanto en tierra como en el mar, implicaban a veces a personas detenidas hasta 700 kilómetros dentro del territorio griego.
El grupo de derechos humanos describió 21 incidentes que afectaron a unas 1.000 personas.
Muchas de ellas habían sido objeto de violencia antes de ser trasladadas de vuelta a Turquía, señaló en el informe Adriana Tidona, investigadora de migración para Europa de Amnistía.
"Nuestra investigación muestra que las devoluciones violentas se han convertido en la política griega de control fronterizo de facto en la región del Evros", dijo Tidona, refiriéndose al río que limita con Turquía.
"Está claro que múltiples brazos de las autoridades griegas se coordinan estrechamente para apresar y detener brutalmente a las personas que buscan seguridad en Grecia, sometiendo a muchas de ellas a la violencia, para luego trasladarlas a las orillas del río Evros antes de devolverlas a Turquía."
En marzo, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) afirmó que la práctica de Grecia de devolver a los inmigrantes irregulares a Turquía supone una clara violación de la Convención sobre los Refugiados de 1951, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la legislación de la Unión Europea.
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