El estado estadounidense de Arizona ha tomado la decisión de sancionar a Ben & Jerry's, una de las empresas más exitosas de Estados Unidos, por el boicot de la compañía a los asentamientos ilegales israelíes. La marca mundial de helados decidió en julio poner fin a la venta de sus productos en los territorios palestinos ocupados por Israel. Aunque la decisión se consideró una gran victoria para el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), desde entonces se ha anticipado una fuerte reacción de los grupos pro-israelíes.
Kimberly Yee anunció el martes que el Estado de Arizona va a desinvertir en Unilever, la empresa matriz de Ben & Jerry's, diciendo que la decisión de boicot violaba la ley de Arizona. La tesorera del Estado dijo que sus inversiones en Unilever se habían reducido de 143 millones de dólares en junio a 50 millones de dólares y se reducirán a cero el 21 de septiembre.
"Arizona no hará negocios con empresas que intentan socavar la economía de Israel y desprecian descaradamente la ley de Arizona", dijo Yee, que se postula para gobernador en 2022. "Como jefe de banca e inversiones de Arizona, estoy con Israel, y no permitiré que los dólares de los contribuyentes vayan hacia esfuerzos antisemitas y discriminatorios contra Israel".
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La decisión de Arizona de sancionar a la empresa estadounidense es la más importante a nivel estatal en apoyo del estado de ocupación sobre este asunto. La legislación anti-BDS del estado, aprobada en 2016, estipula que los organismos públicos estatales no pueden invertir dinero con una entidad que boicotee a Israel o a los territorios bajo control israelí, que según el derecho internacional se consideran territorio ocupado.
De los 50 estados de EEUU, 21 incluyen el boicot a los asentamientos ilegales explícitamente como parte de sus respectivas definiciones de lo que constituye un boicot a Israel. La decisión de Arizona parece ser una respuesta directa a la llamada a la acción realizada por el gobierno israelí a los más de 30 estados de EE.UU. con leyes que prohíben el boicot al Estado sionista. Se dice que Illinois está evaluando la posibilidad de desprenderse de Unilever. Hace más de un mes, dio al conglomerado 90 días para que Ben & Jerry's revocara su decisión.
La decisión de Ben & Jerry's se produjo tras una serie de informes de grupos de derechos humanos y de la ONU, y de artículos de antiguos embajadores israelíes que calificaban a Israel de Estado de apartheid. Los fundadores de la firma de helados, Bennett Cohen y Jerry Greenfield, explicaron que la empresa trazaba una línea entre lo que llamaban el "territorio democrático de Israel y los territorios que Israel ocupa" y que "la decisión de detener las ventas fuera de las fronteras democráticas de Israel no es un boicot a Israel".
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En julio, una coalición de grupos judíos progresistas envió una carta a 33 gobernadores en la que se pedía a los estados de EE.UU. que no sancionaran a Ben & Jerry's y a Unilever por esta medida. Señalaron que el boicot a los asentamientos israelíes no es antisemita, sino una forma de fomentar una solución de dos estados, una política que apoyan desde hace tiempo tanto demócratas como republicanos. Los grupos de derechos insisten en que las leyes estadounidenses que prohíben el BDS son inconstitucionales y advierten de que la adopción de medidas que criminalicen los boicots tendrá un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión, protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.