Decenas de profesores de derecho de Túnez se negaron el lunes a nombrar a los decanos de las facultades de derecho en la comisión consultiva encargada de redactar una nueva constitución para el país.
Así se desprende de una declaración firmada por 76 antiguos profesores de derecho y decanos de facultades de derecho del país, cuya copia ha revisado la Agencia Anadolu.
El viernes se publicó en el Boletín Oficial de Túnez un decreto presidencial para formar una "Comisión Nacional Consultiva para la Nueva República", además de dos comités consultivos y otro para el "Diálogo Nacional".
El artículo nº 12 del decreto estipula: "La Comisión Consultiva Jurídica está compuesta por los decanos de las facultades de Derecho y de Ciencias Políticas y Jurídicas de la República de Túnez, estará presidida por el mayor de los decanos que sean nombrados por orden presidencial".
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La declaración estipulaba: "Tras la promulgación del decreto (...) relativo a la creación de la Comisión Nacional Consultiva, los profesores universitarios de las facultades de derecho y ciencias jurídicas denuncian este método injusto de designación de los miembros de la comisión sin ninguna consulta y diálogo nacional ampliado y real."
La declaración denunció lo que calificó de "vano trato con las instituciones científicas académicas", y criticó el "compromiso de los estudiantes universitarios y universitarias en estos proyectos políticos, que pueden añadir una falsa y engañosa legitimidad a estos proyectos."
"Los decanos y las decanas de las universidades de derecho y ciencias jurídicas forman parte de los profesores que fueron elegidos en función de su valor académico para gestionar los asuntos científicos dentro de las facultades, no para involucrarlos en la participación de las actividades políticas", añadió la declaración.
El comunicado pide a los "decanos y decanas que no acepten formar parte de esta comisión, además de unificar su posición para rechazar este tipo de engaño contra las instituciones científicas e implicar a las universidades en proyectos políticos".
Las autoridades tunecinas no comentaron inmediatamente el comunicado; sin embargo, suelen negar estas acusaciones y afirmar su compromiso de diálogo con todas las partes "que se interesan por el interés del país".
Desde el 25 de julio, Túnez ha sido testigo de una crisis política cuando el presidente Kais Saied impuso medidas excepcionales que incluían la suspensión del parlamento, la promulgación de leyes mediante decretos presidenciales, la destitución del gobierno y el nombramiento de uno nuevo.
Varias fuerzas políticas y civiles de Túnez rechazan estas medidas y las consideran un "golpe de Estado contra la Constitución", mientras que otras fuerzas las apoyan y las ven como una "corrección del rumbo de la revolución de 2011", que derrocó al anterior presidente, Zine El Abidine Ben Ali.
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